A la altura de la parroquia Chacras, en la provincia de El Oro, un camión tipo furgón marca Hino, de placas OCK-439, fue sometido a una revisión de rutina.

Más de una decena de militares fueron los encargados de constatar  que el conductor -identificado como Santos Ernesto Montesdeoca Villegas- no transportara combustible destinado al contrabando.

Todo parecía un chequeo sin reporte de ninguna anomalía hasta que Montesdeoca adoptó -de un momento a otro-  una actitud sospechosa, en la que evidenciaba un absoluto nerviosismo. 

Entonces se procedió a  inspeccionar el   furgón de forma más detallada, lo que permitió identificar alteraciones   enlas cañerías  del tanque de combustible. Era tal la irregularidad  que las mangueras conducían a tres compartimentos que distribuían el líquido a la parte superior del cajón de  carga del automotor.

Esas evidencias fueron suficientes para detenerlo e iniciar un proceso judicial en su contra por el delito de transporte ilegal de recursos hidrocarburíferos.

En similar circunstancias fueron  aprehendidas (desde el 2007 a la actualidad) 807 personas  como parte de los  operativos de control ejecutados en el territorio nacional. A este resultado se suma el decomiso de alrededor de 714 mil galones de diesel y gasolina, 23 mil de crudo liviano   y 50 mil cilindros de gas licuado de 15 y 45 kilos.

La Unidad de Investigación de Delitos Energéticos (UIDE), encargada de acciones de control, reveló en un informe que la recuperación del combustible procedente del contrabando ahorra al Estado montos millonarios, al considerar que Ecuador gasta por año alrededor de dos millones de dólares en subsidios a los combustibles y al gas licuado de petróleo (GLP).

En un  mes la UIDE ha llagado a decomisar 3.000 galones de gasolina extra, 30.000 de diesel y 354 cilindros de gas. Esto deja un resultado a favor de la nación por más de $54.000, cifra  que se hubiera triplicado en el mercado negro peruano. De acuerdo con cifras del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, un cilindro cuesta en el país  $ 1,60 y en Perú $ 17. Mientras que el galón de gasolina Súper en el vecino país está en $ 3,21 y en el Ecuador su precio es de $ 2.

En la provincia de El Oro se encuentra el principal filtro de revisión instalado para detectar estas irregularidades. Se trata del  Control Militar El Telégrafo, donde alrededor de 30 uniformados revisan durante las 24 horas del día los vehículos que  ingresan y salen del cantón Huaquillas.

“Aproximadamente 2.000 galones de diesel son decomisados por mes en este punto”, cuenta el  oficial a cargo de las  operaciones,  que prefirió no idenficarse por motivos de seguridad.

La jornada de control en la zona  se desarrolla en cuatro turnos. Un equipo conformado por cuatro elementos es el encargado de verificar la cantidad de combustible que llevan los camiones de carga pesada.

Venta informal en el cantón 

Otra irregularidad en relación con este delito se evidencia en las principales vías de esa población, donde      comercializar el combustible de manera informal es común para sus habitantes. Motociclistas y conductores de vehículos hacen sus paradas en la diferentes esquinas de la Av. La República, en  Huaquillas, para adquirir  el producto.

Ancianos y niños  figuran como los expendedores del diesel, que se comercializa desde un dólar en adelante. “Aquí vendemos el galón a 2,50 dólares... lo que nos ganamos por esa venta es 30 centavos, ya que quien nos da el producto (desde Machala) nos cobra 2,30 dólares”, narra Miguel Sarmiento, quien desde hace dos años se dedica a esta actividad. El mal uso de tanques de gas y su tráfico  al sur del país es algo que también preocupa a las autoridades en esta provincia.

A través de controles, solo en septiembre pasado se logró decomisar 126 cilindros de  GLP  de uso doméstico (15 kilogramos) en los cantones Machala, Santa Rosa, y Pasaje. La  incautación  se realizó  en restaurantes, hoteles, granjas avícolas y secadoras de granos.  

Jorge Luis Cuenca, fiscal de la Unidad de Delitos Organizados Nº 2 de El Oro, indicó que las sanciones establecidas por el delito de hidrocarburos van desde multas hasta  la privación de la libertad. “Las amonestaciones económicas  se aplican por montos que oscilan de 500 a 1.000 remuneraciones básicas  en los delitos de prisión. Mientras que en los casos de reclusión llegan a las 2.000”, detalló el funcionario.

El Código Penal fija la pena de dos a tres años de prisión en casos de  mal uso. Mientras que por tráfico   -según el artículo 367- es de  3 a 6 años de reclusión menor ordinaria. Cuenca detalló que existen diversas modalidades utilizadas por los contrabandistas para pasar el combustible por el Canal Internacional de Huaquillas hacia Aguas Verdes (Perú).

Reveló que en las últimas semanas se intervinieron  seis bodegas donde se encontraron irregularidades.  El crimen organizado, dedicado al contrabando, ha adoptado diversas modalidades para cumplir con  su objetivo.  Un ejemplo de ello fue lo reportado por la UIDE, cuando dos trailers peruanos, que transportaban diesel de manera ilegal hacia el vecino país  fueron retenidos en el puente internacional de la localidad.

Camioneros llevan el líquido 

Al chequear los vehículos se comprobó que  en horas de la tarde los camioneros  llenaron sus tanques de diesel con una cantidad superior a los 100 galones.

Las investigaciones determinaron que el  abastecimiento excesivo lo realizaron en  la gasolinera Repsol, ubicada en la parroquia La Iberia, perteneciente al cantón El Guabo (en  El  Oro). Así se descubrió que camiones peruanos de transporte pesado ingresan al país de manera legal con la finalidad de llevar cargamentos de combustible hacia  su tierra de origen.

Para Marcelo Torres, director Ejecutivo  del Plan Binacional Capítulo Ecuador,  el fenómeno del contrabando  es el reflejo de los problemas sociales existentes en  la frontera. En este contexto se refirió a la falta de trabajo que es aprovechada por las mafias para incitar a las personas de  escasos recursos a participar en  esta actividad.

Torres añadió que los cantones Macará, Huaquillas y Zapotillo son los lugares donde se identifica con mayor frecuencia esta tendencia. “Ante ello se están diseñando alternativas laborales para la población... por ejemplo, se piensa en desarrollar actividades   vinculadas al crecimiento turístico, el tema se está trabajando con los gobiernos autónomos descentralizados”, acotó.

El funcionario dijo que de los 1.500 kilómetros de frontera  solo el 15% está siendo explotado  turísticamente   como una alternativa de comercio. Para la Asambleísta Nívea Vélez Vélez es necesario que la Ley de Desarrollo Fronterizo dé prioridades de desarrollo comercial para evitar el contrabando.

Acotó que la medida permitirá el desarrollo local y cantonal, ya sea a través de iniciativas nacionales llevadas a cabo por entidades públicas, comunitarias o privadas. Resaltó también  que las acciones deben estar encaminadas a objetivos comunes, en función siempre del  bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes.

Roberto Angüis, funcionario del Gobierno de Perú, confirmó que las propuestas a ejecutar están siendo enfocadas  binacionalmente para beneficiar a ambas poblaciones.