En caso 'González y otros' una niña reclama su derechos

A sus 15 años, Gema Anahí Aguiar Gaibor, estudiante de primer año de bachillerato, tiene leves recuerdos de su padre, a quien vio por última vez cuando tenía un año ocho meses.

Fue la mañana del 19 de noviembre de 2003, cuando su padre, Henry Aguiar Vargas, de 31 años de edad -a esa fecha- la tomó en sus brazos, la besó, le dio la bendición y salió a trabajar en un negocio recién montado de repartición de madera, al cual nunca llegó.

De ahí en adelante no supo de él, sino hasta los 6 años, cuando su madre, Mariuxi Gissela Gaibor, le comenzó a revelar lo que le pasó. Ahora lo sabe todo y por eso reclama justicia y derechos.

Henry fue uno de los ocho abatidos en un bullado operativo policial antidelincuencial ejecutado en una farmacia del norte de Guayaquil, que también dejó como saldo cuatro desaparecidos, la mañana del 19 de noviembre.

Según el informe de la Policía Nacional, Henry era un delincuente con antecedentes que participaba en un asalto el momento del operativo. Al respecto la madre de su hija señala que de haber sido cierto, “debieron apresarlo y no asesinarlo, porque aquí no existe la pena de muerte”.

Para esclarecer lo sucedido se abrió un proceso investigativo y luego judicial que ha arrojado varias conclusiones, por ejemplo que no se encontraron impactos de bala en las paredes, que no había daños en perchas ni vidrios rotos, pero sí los cadáveres de las personas fallecidas, todas con más de un disparo. El que menos presenta dos disparos y el que más recibió fue 13 disparos.

Además la trayectoria de las balas son de arriba hacia abajo, todas en modalidad de ejecución. La mayoría de las víctimas presenta impactos en espalda y cuello, como si hubieran estado boca abajo. Se disparan varios proyectiles, pero dentro de la farmacia se recogen solamente cuatro casquillos.

Terminado el operativo quienes entran a la farmacia son los agentes de la incursión liderada por el Mayor Eduardo G. para exigir a los empleados que entreguen el video de seguridad, que los empleados salgan de la farmacia, por lo que se presume que fue para alterar la escena del crimen.

La versión de que hubo enfrentamiento con los delincuentes abatidos ha sido desvanecida por las investigaciones realizadas y ahora hay un proceso judicial en marcha y a punto de concluir.

El caso legal está por concluir

A 13 años nueve meses de ocurrido el hecho, el Tribunal de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) conformado por los jueces Óscar Enríquez, Juan Montero y Carlos Delgado, instaló el martes pasado la audiencia de casación de la sentencia emitida en este caso, que ahora es conocido como 'González y otros'.

El pasado 11 de noviembre, de manera unánime, el tribunal de la CNJ, integrado por Luis Enríquez, Miguel Jurado y Marco Maldonado, ratificó la sentencia por ejecución extrajudicial (asesinato de civiles en manos de agentes estatales), en contra de 13 ciudadanos. Seis de ellos recibieron 16 años de privación de libertad, otros seis fueron declarados cómplices, quienes están libres tras acogerse al principio de favorabilidad, y a una persona se le ratificó el estado de inocencia.

Los sentenciados afectados a través de su defensa acudieron al recurso de casación, el cual fue justificado en la audiencia del martes

La fiscal del caso, Paulina Garcés, en forma detallada y en una larga exposición solicitó a los jueces se rechace el recurso por falta de fundamentación de los peticionarios.

Recordó que el recurso de casación puede ser presentado ante la CNJ cuando en la sentencia se hubiera violado la ley, ya por contravención expresa de su texto, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, lo cual no se ha dado en este caso.

Tras escuchar a las partes, el Tribunal suspendió la audiencia para deliberar. Al momento se espera la notificación de cuándo será reinstalada para conocer la resolución de los jueces.

Gema reclama su derecho

Lo que está esperando Gema Anahí, es el fallo de los jueces, que prácticamente sería lo último del proceso, y entonces poder presentar una acusación particular contra los procesados.

El objetivo es conseguir el beneficio de la reparación, que está de por medio, ya que al haber quedado huérfana a la edad de un año ocho meses, ser hija única, legalmente reconocida y afectada directa, tiene derecho.

Su madre, Mariuxi, explica que por temor y desconocimiento no presentó acusación particular cuando se inició el proceso legal del caso, ya que de haberlo hecho hoy su hija estaría constando en el expediente como una de las afectadas directas.

Pero además, reconoce que el papá de su hija estaba casado con otra persona, con la cual no tuvo hijos, y ella sí consta en el expediente como afectada.

“Desde unos meses antes de los hechos que causaron su muerte, él (Henry Aguiar) y yo ya convivíamos, tuvimos mi niña, se había separado de su esposa”, señala Mariuxi, al anotar que incluso el 19 de noviembre de 2003, su conviviente salió muy temprano a trabajar y se despidió de las dos (de ella y su hija).

“En los noticieros de la mañana me enteré, fui al lugar de la desgracia, que está a aproximadamente una hora de donde vivíamos y constaté que Henry era uno de los fallecidos”, recuerda, al señalar que ella retiró el cuerpo de la morgue, lo veló y lo sepultó en Montalvo, su tierra natal, como era el pedido del difunto.

Desde ahí, sus esfuerzos han sido dedicados al cuidado y manutención de su hija. “Mi hija ya está en el colegio, necesita, y no le queremos quitar nada a la señora con quien Henry tiene el papel de casado. Lo único que pedimos es que se haga justicia, que parte de la reparación sea para la perjudicada directa, que es la única hija”, dice, al indicar que para este reclamo está en consulta con abogados. (I)