En 5 meses, los casos de femicidio aumentaron 30% en Pichincha
Carmen (nombre protegido) perdió a su hermana menor hace dos años. Tras una pelea, desencadenada por los celos, su cuñado la asesinó. “Yo llegué tarde, ella murió por asfixia y de un golpe en la cabeza”.
El crimen no fue denunciado por los familiares de la víctima. Su hermana admitió que por sus creencias conservadoras no dieron parte a la Policía. Sin embargo, ahora quieren que la muerte de su hermana no quede en la impunidad y el agresor sea juzgado y sancionado.
Carmen y su madre acudieron la semana pasada a la Fiscalía a presentar la denuncia. Saben que el presunto asesino de su hermana está en el país y esta vez quieren que la Policía lo capture.
El crimen de la hermana de Carmen no solo causa dolor a sus parientes, sino que incrementa el número de femicidios en el país. Solo de enero a mayo de este año se han registrado 50 casos. En Pichincha aumentaron 30%, según información de la Fiscalía.
Además, entre 2014-2016 se dictaron 46 sentencias condenatorias en casos de femicidio; por este delito hay 35 llamamientos a juicio y 58 investigaciones previas.
Según la Plataforma ‘Vivas nos queremos’, la mayoría de víctimas fueron ultimadas por su pareja, los hogares por lo general viven en un contexto de violencia sexual.
Para Ana Cristina Vera, miembro del colectivo Surkuna, es preocupante la situación, que responde a un contexto donde aún se tolera la violencia de género. “En todos los femicidios que he presenciado, en mi calidad de abogada, se observa que existió gente que miró la agresión y normalizó la violencia, más no la denunció”.
Indicó que existe un alto nivel de impunidad y poco acceso a la justicia. Los procesos son largos y se dilatan. “El Estado tiene responsabilidades específicas con las mujeres, pues muchas de ellas cuentan con boletas de auxilio, pero no fueron protegidas de su agresor”.
De acuerdo con las estadísticas del proyecto ‘SOS Mujeres’, de la Prefectura de Pichincha, en los cinco primeros meses del año, el 69% de féminas fueron víctimas de violencia.
Para Eduardo Estrella, agente de la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de Pichincha, los casos de femicidio se están visibilizando, porque la sociedad está marcada por un comportamiento machista. “Los casos no pueden quedar en la impunidad, deben juzgarse”.
El funcionario quiere que la ciudadanía denuncie los casos, porque la Fiscalía “tiene medidas de protección para que las víctimas hablen. Los crímenes contra este género tienen situaciones previas como violencia física, psicológica y acoso, que desembocan, la mayoría de veces, en la muerte de la mujer”.
El delito de femicidio es sancionado con una pena de 22 a 26 años de privación de la libertad.
Salvaguardar la vida de todas las víctimas y más aún las de este posible flagelo social es una política de Estado, asegura Pablo Salazar, comandante (e) del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), de la Zona cuatro, que comprende Manabí.
El Departamento de Violencia Intrafamiliar (Devif) está trabajando junto con la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased), en este delicado tema para salvar la vida de más mujeres, agregó. (I)
