En 2020, la pandemia incrementó la labor de los servidores policiales y de justicia
1. Procuraduría gestionó la recuperación de dinero por corrupción en ocho casos de corrupción
El pasado lunes 21 de diciembre, Íñigo Salvador, procurador General del Estado, develó una placa para recordar los nombres de las 20 personas que fueron sentenciadas en el caso Sobornos 2012-2016.
En palabras del Procurador, no se trató de un hecho histórico, sino de presentar ante los ecuatorianos la "placa de la ignominia", en donde se detallaron con nombres y apellidos quiénes participaron en el caso de corrupción más grande en la historia del país.
No solo porque hubo una directa participación del expresidente Rafael Correa y su exvicepresidente Jorge Glas, en contubernio con los exministros de Transporte y Obras Públicas, de Turismo, de la Secretaría del Agua, así como asambleístas de la bancada Alianza PAIS.
Sino también porque además se puso en evidencia que si es posible obtener una sentencia, sin importar de que se trató de altos exfuncionarios de un régimen.
Salvador reiteró su preocupación, porque todavía faltan dos grandes acciones para declarar una sentencia cumplida de forma efectiva: la difusión de la alerta roja en la Interpol para la localización, detención y extradición de los sentenciados, así como la recuperación del dinero robado al Estado.
2020 ha sido el año en el cual la Procuraduría ha liderado mecanismos para la recuperación de capitales por delitos de corrupción.
En el caso Sobornos, la sentencia emitida por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) estableció pena de prisión de 8 años para 18 de los 20 sentenciados y al pago de $ 778.224,01 para los autores por instigación, coautores y autores directos; y de $ 368.632,4 para los cómplices. En total, son $ 14,7 millones.
Hasta la fecha, la institución no tiene notificación oficial alguna sobre el pago o acreditación de tales montos por parte de alguno de los sentenciados. Sin embargo, la CNJ autorizó el comiso de bienes.
Pero ese caso es uno de los más grandes que envuelve la corrupción en Ecuador. La Procuraduría contempló ocho casos para una posible recuperación de dinero.
El organismo levantó un listado que proporcionó a Diario EL TELÉGRAFO, en el que se detalla el monto de la recuperación, los pasos que se han seguido y los resultados.
En su nómina se encuentra el caso por enriquecimiento ilícito por parte de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador (por $ 364 204,54). Hasta el momento, se ha ejecutado el embargo y la retención de los bienes y se han gestionado las respuestas de todas las instituciones sobre los bienes de Bravo, los cuales están administrados por Inmobiliar hasta que se dicte el embargo.
Similar situación se observó con el caso de María Sol Larrea, exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), quien también fue procesada por un caso de enriquecimiento ilícito.
En su caso, ella está sentenciada por $ 3,6 millones, divididos en tres casos distintos. Hasta el 13 de noviembre de 2020, se embargó el 50% de derechos y acciones de los solares en el cantón El Empalme de su propiedad.
El cuarto caso se trata de un delito de cohecho, cometido por Carlos Pareja Yannuzzelli, expresidente de Petroecuador, y otros. Según la sentencia, la Procuraduría persigue como monto de reparación $ 12'604.979,56 y una pena pecuniaria de $37'813.886,60.
Hasta el 16 de noviembre, se solicitó que a través de la Secretaría del Tribunal se siente la "razón de incumplimiento de mandamiento de ejecución, previo al embargo".
Pedro Delgado, expresidente del Banco Central del Ecuador (BCE) y otros fue sentenciado por delito de peculado. En su caso, el monto de reparación asciende a $ 614 655,17.
El pasado 9 de junio, se dictó el mandamiento de ejecución de la sentencia. Mientras que el 20 de julio se solicitó información sobre los bienes del sentenciado y se gestionaron las respectivas respuestas.
Procuraduría detalló que hasta la fecha "se ingresó a la Unidad Judicial Penal con sede en la Parroquia de Iñaquito, la información sobre los bienes de los sentenciados cumpliendo lo solicitado por el juez de la ejecución".
Otra sentencia, por asociación ilícita, apunta al exvicepresidente Jorge Glas, uno de los protagonistas en el caso Sobornos. Esta vez, el dictamen ordenó un monto de reparación de 33'396.116. En esta causa, hasta el 16 de noviembre, la Procuraduría insistió por escrito que se provea la petición de la ejecución.
Otra sentencia fue emitida para Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad y otros, por delito de lavado de activos. El monto de recuperación es de $ 1 millón. Hasta el momento, la Procuraduría emitió el mandamiento de ejecución y se dispuso a los sentenciados cumplir con el pago de $ 666.666,667, mediante la providencia del 11 de noviembre de 2020 y se dispuso el inicio del tiempo de pago de 30 días.
En esa línea, se gestionaron los oficios dirigidos al Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Bancos, Consejo Nacional Electoral, Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, "para que en adelante se tome en cuenta el impedimento de ejercer cargos públicos y ser sujeto de derechos electorales.
El último caso, por delito de peculado, está bajo la responsabilidad del exministro del Deporte Raúl Carrión Fiallos y otros. Todavía no se ha determinado en el juicio el monto.
2. Policía Nacional mantuvo los controles de seguridad, mientras protegía a la ciudadanía del covid-19
La pandemia no fue motivo para que la Policía Nacional interrumpa sus labores de control. Al contrario, las funciones de los servidores se incrementaron, puesto que durante la declaratoria del Estado de Excepción y de los toques de queda los agentes se vieron obligados a doblar los turnos, a realizar restricciones para que la ciudadanía mantenga las normas de bioseguridad, además de los controles de seguridad y combate a la delincuencia.
Cifras proporcionadas a EL TELÉGRAFO por la Comandancia de Policía, dan cuenta que durante el confinamiento obligatorio, que se cumplió entre el 17 de marzo y 4 de mayo, 47.296 servidores policiales realizaron controles para evitar que los ciudadanos incumplan las normas.
Los agentes procuraron que la ciudadanía cumpla con las disposiciones del Decreto Ejecutivo 1017 que entre otras cosas, ordenaba un toque de queda entre las 21:00 y las 05:00.
Esta fue una de las disposiciones más infringidas, ya que la Policía realizó 574.730 operativos para su cumplimiento, en estos controles hubo 1.023 personas puestas a órdenes de la autoridad competente.
Según el reporte, las ciudades con mayor número de detenidos en el contexto del Decreto fueron el Distrito Metropolitano de Guayas (DMG) con 180 detenciones; Guayas (172), Manabí (96), Los Ríos (92), Esmeraldas (85), Azuay (62).
En ese mismo contexto, la Policía detuvo a 616 personas en calidad de reincidentes. De igual forma, el DMG registró el mayor número de detenciones (210). Esta vez, se ubicó en segundo lugar el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) con 159 detenciones, le siguieron Guayas (39), El Oro (30), Tungurahua (24), entre otras.
Los agentes no estuvieron exentos de los contagios por covid-19
Durante la pandemia, los enfermeros, personal de atención público, entre otros, fueron considerados como uno de los grupos propensos a sufrir contagios, debido a sus labores.
Las filas policiales también sufrieron de contagios. Según la institución, 2.305 servidores fueron infectados durante sus labores de control. De ese número, 936 se recuperaron y 28 fallecieron por el virus.
Labor humanitaria
El cuerpo policial también ejecutó labores humanitarias durante la pandemia. Entre las labores que cumplió se destacan los mensajes de seguridad y bioseguridad que enviaron a través de los chats comunitarios. Entre marzo y lo que va de diciembre, se difundieron 266.420 mensajes.
También se llevaron a cabo visitas a tiendas y negocios para controlar el distanciamiento social. En total se cumplieron con 332.064 visitas.
A eso se sumó los recorridos por perifoneo, efectuando 121.478 recorridos y 131.904 perifoneos para anunciar el toque de queda.
La campaña de distanciamiento estuvo acompañada de la demarcación y pintura de rutas guías para mantener el distanciamiento social. Fue así que se pintaron 9.100 puntos en todo el país.
La colaboración en la entrega de kits de alimentos no estuvo exenta de sus jornadas de trabajo. Los agentes ayudaron a 138.162 personas.
En cuanto a lao coordinación para la desinfección de las instalaciones y vehículos policiales, se cumplieron con 42.819 jornadas y 5.221 asambleas virtuales con los líderes y grupos comunitarios a través de herramientas tecnológicas (Zoom).
Operativos de alto impacto
Las intervenciones contra la delincuencia fueron tema prioritario de la Policía. Ya que en este año los agentes realizaron 1.027 operaciones de alto impacto denominadas Victoria; 47 operaciones de alto impacto denominadas "Gran Victoria" y tres operaciones de alto impacto denominadas "Operativos Perlas".
3. Fuerza de Tarea investiga 196 causas por corrupción durante la pandemia
Una red ilícita. Así definió la Fiscalía General del Estado a los amigos y familiares del expresidente Abdalá Bucaram, quienes están relacionados a la venta irregular de insumos médicos en varias casas de salud durante la pandemia por covid-19.
Entre los implicados se encuentran sus hijos Dalo, Jacobo y Michelle Bucaram Pulley, así como su nuera, la exasambleísta Gabriela Pazmiño. Todos, a excepción de Jacobo, se encuentran en calidad de prófugos de la justicia.
Pero la extensión de esta trama de corrupción va más allá. Puesto que en diferentes investigaciones y procesos que ha realizado la Fiscalía, hay más personas que están involucradas y que han dejado como evidencia que la real pandemia que se vive en el país es la corrupción.
Ejemplo de ello fue la detención de los amigos del "clan Bucaram", los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla. Además de exfuncionarios de hospitales que han estado a cargo de la adjudicación de contratos, a través de falsos procesos en compras públicas e irregulares aprobaciones de procesos.
Estas vinculaciones y relaciones delictivas son solo la "punta del iceberg", a lado de la labor extensa que ha ejecutado la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria.
La Fiscalía General del Estado creó esta unidad para investigar los casos de corrupción relacionados con la emergencia sanitaria en el país.
En junio de 2020, el organismo inició sus operaciones con la investigación en 45 casos, sobre posibles delitos contra la administración pública. Sin embargo, los casos se incrementaron.
Su conformación se realiza en vigencia de la Resolución No. 036-FGE-2020 del 30 de mayo de 2020.
Fuerza de Tarea está integrada estará integrada por 43 personas entre fiscales, secretarios, asistentes y analistas de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, fiscales de la Unidad de Lavado de Activos; fiscales Provinciales, fiscales de apoyo por provincia; coordinador de analistas; experto en contratación pública, en análisis financiero y por una unidad especializada de la Policía Nacional, integrada con perfiles de varias unidades especializadas de investigación.
Para las investigaciones con fuero de Corte Provincial, se designa un fiscal Provincial Coordinador de la Fuerza de Tarea.
De acuerdo a información proporciona a Diario EL TELÉGRAFO, desde el 30 de mayo y lo que va de diciembre de 2020, se clasificaron 196 causas, de las cuales, 94 tiene fuero nacional; 35 fuero provincial y 67 fuero ordinario. Lo particular de estas estadísticas es que la mayoría de investigaciones y proceso se realizaron en las provincias de Pichincha y de Guayas.
Del número de procesos, 12 se encuentran en instrucción fiscal; el resto en investigación previa. En Pichincha, 5 causas están en instrucción fiscal y 113 en investigación previa.
La Unidad de Fiscalía también reflejó un importante número de diligencias. En total se efectuaron 2.632, de las cuales el mayor número se desarrolló en Pichincha (452); Guayas (428), le siguieron Chimborazo (342), Cotopaxi (297), entre otras.
En cuanto a los operativos, en este período la Unidad ejecutó 155 intervenciones, de las cuales, 88 se ejecutaron en Guayas (bajo fuero ordinario); 14 en Pichincha (fuero nacional) y 17 casos divididos en Bolívar, Chimborazo, Pichincha (con fuero provincial).
En los procesos posteriores, han sido detenidas 55 personas; de ese número, 37 se encontraron en Guayas y 18 en Pichincha. Sin embargo, los datos de ciudadanos involucrados a los hechos de corrupción son más altos.
Según Fiscalía, se encuentran involucradas 185 personas, de las cuales 110 se encuentran en Pichincha; 17 en Guayas y 15 en Los Ríos. (I)
