A un mes de que el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) -encargado de llevar adelante el proceso de transformación de la Función Judicial- termine sus funciones, el Pleno de ese organismo de control informó que solo en el período comprendido desde el 27 de julio de 2011 (en que por mandato popular inició sus actividades) hasta el 24 de octubre de 2012 se registró una eficacia del 195%. En esa etapa ingresaron 1’178.154 causas y se terminaron 2’297.685.

Según informó Fernando Yávar, vocal del CJT, el año 2011 se dividió en dos fases: de enero a julio (etapa presidida por Benjamín Cevallos) la Judicatura tuvo una eficacia del 103%.

Eso se atribuye a que ya desde finales de 2010 hubo la exigencia política para dar paso a una reestructuración de la justicia por considerarla ineficaz. Debido a eso, los operadores de justicia trataron de despachar las causas con celeridad para cambiar esa percepción entre la opinión pública.

Por consiguiente, el vocal concluye que el porcentaje de eficacia supera los 100 puntos, porque en ambas administraciones se despacharon causas actuales y represadas, reportadas en el Sistema SATJE, que se encuentra todavía en vigencia mientras entra a operar el Sistema de Información Judicial Justicia 2.0.

El nuevo sistema informático permitirá mayor agilidad en la administración de expedientes judiciales y su respectivo despacho. Los procesos permanentes que lleva a cabo el CJT son: el control disciplinario y la depuración de causas.

El informe elaborado por el CJT, al cual tuvo acceso este medio, señala que la actual administración es más eficiente que la del 2008 en un 687%; así como también que la del 2009 en un 399%; y en comparación con la de 2010 en un 370%. Finalmente, señala que la actual administración es más eficiente que la de 2011 (enero a julio) en 584%.

Los porcentajes son fijados en base a que mensualmente a escala nacional los jueces resuelven 153.179 causas, lo que en promedio equivale a 6.962 diarias. Mientras que por hora resuelven alrededor de 870.

Actualmente existen 187.321 causas represadas en las diferentes judicaturas del país, que tienen un período de vigencia de un año. Es decir, ya fueron despachadas todas las causas que por décadas no tenían dictamen.

El reporte contiene, además, estadísticas sobre las audiencias fallidas en materia penal desde junio a diciembre de 2011, y compara la tendencia con información del período enero - noviembre de 2012.

Se determina que el 76% (6.800) de las audiencias resultaron fallidas de junio a diciembre de 2011. Mientras que de enero a noviembre de 2012 sucedió igual con el 72% (22.437).

La Judicatura determinó que la principal causa por la que esas diligencias no se dieron -durante el primer período- es inasistencia del abogado defensor, que fue en el 26% de los casos; seguido por la ausencia del procesado, con el 22%.

La inasistencia del fiscal ocupa el tercer lugar entre las principales razones por las que no se dieron las audiencias desde junio a diciembre de 2011, con el 20%.

De enero a noviembre del presente año fue la ausencia del fiscal lo que provocó el 26% de las audiencias fallidas; la inasistencia del abogado defensor el 20% y la del procesado el 15%.

En conclusión, la tendencia de las razones para la no realización de una audiencia entre los años 2011 y 2012 es similar. Entre los principales motivos se encuentran la inasistencia del fiscal, del abogado defensor, del procesado, de testigos, que en la mayoría de los casos se trata de policías; de las partes y/o del servidor judicial.

Al referirse a ese tema, Gabriel Noboa, miembro del Quinto Tribunal de Garantías Penales del Guayas, indicó que hay miembros policiales que participan en aprehensiones en Guayaquil y luego son asignados a otras ciudades, lo que les complica estar físicamente presentes en las audiencias de juzgamiento.

Eso confirma lo señalado por el Consejo de la Judicatura en su página web (www.funcionjudicial.gob.ec), que indica que el 50% de policías que comparecen en calidad de testigos, en los procesos que se llevan adelante en los 8 Tribunales Penales de Pichincha, trabaja en otras provincias y tiene que viajar a Quito para cumplir esas diligencias. Además, del 100% de testigos de los procesos penales, 80% son policías y, de este grupo, el 40% trabaja en otras provincias. Para resolver aquello, el CJT, la Policía y el Registro Civil suscribieron el pasado 17 de diciembre un convenio interinstitucional para que los uniformados puedan comparecer de forma virtual (videoconferencias) en diligencias judiciales. 

Yávar puntualizó que eso reducirá la cifra de audiencias fallidas, que todas las partes pueden acceder a este tipo de tecnología y, sobre todo, se evitarán intentos de fuga (durante el traslado de los procesados) de las diferentes cárceles a las salas de audiencia. En Quito el proyecto ya está en marcha, mientras que en otras provincias avanza rápidamente.

En Guayaquil, por ejemplo, estará activa para inicios de enero de 2013. “Reducimos los gastos y riesgos. Además, a veces las personas perdían los casos, no por no tener la razón, sino porque no contaban con el soporte económico para cancelarles viáticos a testigos o abogados”, indicó Yávar.

Por su parte, la vocal de la institución Tania Arias recordó que en la Corte Nacional de Justicia habían 10 mil causas represadas y en menos de cinco meses, desde que el CJT entró en funciones, se despacharon 1.600 bajo la modalidad de audiencias en fines de semana y trabajo con horas extras y suplementarias, disposición administrativa que fue dictada por el organismo en abril de 2012.

Dentro de esa labor se resolvieron todas las causas represadas desde 1990 hasta 2005, enfatizó la funcionaria, quien añadió que esos expedientes estaban a la espera de una respuesta de la administración de justicia por 20 años.