A un mes siete días de que la jueza nacional Daniella Camacho dictara auto de llamamiento a juicio en el caso Sobornos 2012-2016 y luego de superar varios recursos presentados por los acusados para dilatar el proceso, ayer se inició la fase de juzgamiento.

Por el delito de cohecho son procesadas 21 personas, entre ellas 11 exfuncionarios del gobierno anterior y 10 empresarios.  

Todos habrían participado en una red de corrupción, que consistía en recibir supuestos aportes voluntarios de empresarios para financiar las actividades políticas de la Revolución Ciudadana (RC) a cambio de asegurar contratos con el Estado.

El expresidente de la República, Rafael C., es el principal implicado y para él constituye el segundo juicio que enfrenta. El primero es por el secuestro del político Fernando Balda, causa por la cual se encuentra en calidad de prófugo.

La audiencia
Ayer, tal como estaba previsto, el tribunal penal integrado por los jueces nacionales Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, instaló la diligencia que se desarrolla en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Al inicio de la diligencia el juez ponente, Iván León, no dio paso a alegaciones, entre ellas la de Harrison Salcedo, abogado del exvicepresidente y procesado, Jorge G., quien cuestionó la ausencia de su cliente en el juzgamiento.

En sus alegatos de apertura, para lo cual se concedieron 12 minutos a cada una de las partes procesales, la fiscal general Diana Salazar y el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, advirtieron que probarán que existió una organización criminal encabezada por el expresidente Rafael C.

Esta red que operó entre 2012 y 2016 desde la Presidencia de la República y en la que participaron altos funcionarios del régimen anterior habría recibido $ 7’797.588,61; de ellos $ 1’004.500,00 en efectivo y 6’793.088,61 mediante cruce de facturas.

Presiones a un empresario
En su intervención, María Gabriela Moreira, abogada del empresario Pedro Verduga, representante de la empresa Equitesa, reveló que su defendido fue objeto de presiones para cumplir con los aportes (sobornos).

“Mi defendido recibió exigencias por parte de la señora Pamela M., quien le indicaba que habían contratos (obras) que ya se estaban ejecutando y no habían tenido el pago respectivo. Por este tipo de contratos Pamela M. presionaba a mi cliente para que hiciera los aportes y pudiera tener los respectivos convenios de pago”. Moreira no precisó montos y denunció además que otro de los procesados en la causa también le ha exigido que mencione hechos falsos.

“En el testimonio que rendirá en el juicio el señor Pedro Verduga narrará cuál de los procesados le está ubicando para que dé por cierto un hecho falso, que es un contrato de prestación de servicios por unas facturas”, señaló, al subrayar que en su momento se conocerán los detalles.

Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael C., aseguró que no existe un solo elemento de convicción que demuestre la culpabilidad de su defendido en el presunto delito y que, además, no suscribió ningún contrato relacionado al caso. Más bien dijo estar a la espera de que se les notifique a los tres jueces sobre la recusación que presentó el pasado jueves, por considerar que no son competentes para afrontar la etapa de juicio.

En el momento en que sean notificados (hecho que se dará de un momento a otro) deberán suspender el juzgamiento, hasta que el otro tribunal, conformado por los jueces David Jacho (ponente), Dilza Muñoz y Wilman Terán, resuelva la recusación. 

Alrededor de cinco horas le tomó al tribunal de juzgamiento recibir los alegatos de apertura de las partes procesales.

En la tarde de este lunes se dio inicio a la segunda parte del juicio, que es la presentación de las pruebas.

La Fiscalía es la primera en hacerlo y se prevé que le tome algunos días. (I)