El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona al femicida con 22 y 26 años de cárcel, pero esto no es suficiente para que la madre o hija de la víctima sientan que se hizo justicia, más aún cuando ella está muerta.

Por eso se tiene que establecer un sistema de protección del cual se encarga el proyecto de Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, sostuvo ayer Rosana Alvarado Carrión, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, durante una entrevista en la Radio Pública.

Precisamente, hoy a las 10:00, en la Asamblea Nacional, la ministra Alvarado entregará oficialmente este proyecto de ley al presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, quien ha sido parte de la iniciativa.

En la sesión, a la que asistirán los colectivos de mujeres y familiares de las víctimas de femicidio, la Secretaria de Estado expondrá el contenido de la propuesta.
El proyecto es una forma de mantener en la memoria aquellas víctimas de femicidio, a los niños huérfanos y a sus familiares, sostuvo.

“Reconocer el femicidio y establecerlo como un delito autónomo fue un avance importante porque, de otra manera, los crímenes de las mujeres quedaban escondidos en el (ítem) general del asesinato o el homicidio”, manifestó.    

Para ella fue importante reconocer el número de víctimas porque a partir del femicidio la gente empieza a reconocer el problema que enfrenta Ecuador y el mundo, porque es un flagelo internacional la violencia contra las mujeres.

Solo en los ocho meses de este año 73 mujeres fueron asesinadas por sus parejas, y 84 niños quedaron en la orfandad sin entender qué pasó con sus padres.

En esta sociedad se naturalizó el sentido de pertenencia al punto que el hombre creyó que la vida de la mujer le pertenecía. “Empiezan por las agresiones verbales, luego físicas y en algunos casos terminan en femicidios. Hay que parar esto”.

Diferenciar tipos de violencia

La propuesta de ley establece un mecanismo para identificar los diferentes tipos de violencia. “Las mujeres no solo sufrimos violencia física, sexual o psicológica,  sufrimos violencia patrimonial, simbólica, económica y esto está presente en todos los espacios cotidianos y lo enfrentamos todos los días”. También establece un sistema de protección en el que participan las instituciones gubernamentales, el Ejecutivo  y los gobiernos autónomos.  

Medidas administrativas

Alvarado señaló que el proyecto cuenta con  medidas administrativas de atención inmediata, lo que faltaba desarrollar en el COIP, según observaron colectivos de mujeres. “El COIP, al ser sancionador, no era el cuerpo específico para desarrollar estas medidas”.

Puso como ejemplo de medidas administrativas la atención especializada para víctimas de violencia; obligar al hombre a salir de la casa donde vive con su pareja y ejerce la violencia; el cese de los actos de violencia inmediatamente, y para eso se requiere la intervención de la fuerza pública, la restricción de acercamiento del agresor a la mujer, la custodia, la vigilancia y el resguardo de la Policía comunitaria o especializada en procura de auxilio o de atención inmediata a la fémina o a sus hijos.

“Para que sea eficiente y ágil no se puede esperar un día porque es cuando la cadena de violencia crece y termina en femicidio”.

Las juntas cantonales de protección de derechos serán el órgano competente para dictar las medidas de atención inmediata porque se encuentran más cerca de la víctima y pueden conocer su situación.

La funcionaria reconoció el trabajo de la Policía Nacional, que ha identificado a las víctimas e intervenido cuando se han reportado casos de violencia. También en el nuevo cuerpo legal se establecen medidas de prevención y una malla curricular que permita modificar patrones preconcebidos en los que las mujeres tienen las de perder.

Promedio de femicidios

Los casos de crímenes contra las mujeres crecen todo el tiempo porque con relación al año anterior se están casi duplicando, de modo que hasta agosto de 2016 sumaron 43, sin embargo, de enero al 18 de agosto de este año se registraron 73  a nivel nacional. En unos casos el agresor se suicidó, en otros huyó y en algunos fue detenido y está en prisión.

“A mí me preocupa cuando le preguntan a una persona cuáles son los problemas en la calle y ella responden la seguridad, el empleo, la economía y no menciona la violencia contra las mujeres. No es que no están conscientes de que existe, sino que encuentran naturalizados los procesos de violencia”, explicó la Ministra.

Cifras de la violencia

Alvarado, quien es una activa feminista comprometida con organizaciones de mujeres, grupos de atención prioritaria y colectivos sociales, se refirió a la encuesta que estableció cuánta violencia se vive en los hogares ecuatorianos. El resultado de ello fue que “6 de cada 10 mujeres enfrentan violencia”.

El trabajo de la Ministra ha estado enmarcado en la justicia social, erradicación de la violencia, derechos humanos, defensa del Estado y derechos de las mujeres.

Consideró que sobre estas cifras hay un subregistro porque existen mujeres que por vergüenza no reconocen la violencia y tienen temor de admitir que sufren o se ven sometidas a maltratos. “Si ellas no pueden independizarse de ese círculo, muy poco sirve que denuncien porque en la noche van a compartir la casa y la mesa con la persona que las está violentando”.

Explicó que las mujeres son las únicas que tienen la decisión de alejarse de un agresor que se encuentre en la calle, en su hogar o en su trabajo, además de denunciarlo. “Es importante que las familias, y los medios de comunicación que producen estereotipos sociales, sean los llamados a prevenir la violencia contra las mujeres”. (I)

DATOS

Consuelo Bowen, presidenta del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, destacó la participación de los colectivos de mujeres en la elaboración del marco legal.

Ruth Quiñónez, miembro del Foro de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (Fodimuf), mostró la decisión de seguir apoyando la prevención y la atención de las víctimas de la violencia de género.

El Sistema de Protección Integral  para las Víctimas de Violencia de Género es una de las principales propuestas de la nueva ley que presentará en la Asamblea el Primer Mandatario.

En los talleres que se levantaron para articular la ley contra la violencia de género participaron 393 líderes y lideresas y 138 organizaciones de la sociedad de todo el territorio ecuatoriano. Muchas de las integrantes de los colectivos femeninos narraron sus vivencias.

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Cuatro provincias con más número de femicidios

En 214 días un total de 103 mujeres murieron de forma violenta en Ecuador. Las provincias más pobladas son también las que registran una mayor tasa de femicidios: En Guayas se reportan 21 casos; en Pichincha, que le sigue, 12; en Azuay, 8, y en Los Ríos, 7.

Según el mapa de femicidios diseñado por el Colectivo Geografía Crítica, en Ecuador una mujer es asesinada cada 50 horas y lo alarmante es que la prevalencia de este delito se ha multiplicado, según Andes.

En 2011, la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) evidenció que 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia; 1 de cada 4 han sido víctimas de violencia sexual; y, 4 de cada 10 mujeres han sido maltratadas físicamente.

Esta encuesta también demostró que los perpetradores de violencia están presentes en todos los ámbitos (familiar, educativo, de la salud, laboral, comunitario), pero la mayor parte de ellos son parientes, allegados y conocidos de las víctimas. De hecho el 76% de las mujeres sobrevivientes identifica como agresores a su pareja, expareja, conviviente o amante.

Desde agosto de 2014, cuando el femicidio fue tipificado como delito, hasta julio de este año se han judicializado 152 casos de femicidio en el país, de los cuales 81 han sido resueltos, 65 tuvieron sentencia condenatoria, y 5 sentencias absolutas. Estas cifras desembocaron en el proyecto de ley contra la violencia de género y la mujer. (I)