Con el objetivo de tener información precisa sobre el problema de la trata de personas, el Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaria de Garantías Democráticas analiza el desarrollo de un mapa social sobre distintos aspectos de este delito.

Según Diego Falconí, subsecretario de dependencia de Estado, hay la voluntad política para la creación de esta herramienta, por lo que se espera que se empiece a levantarse la información este año.

El funcionario explicó que esta iniciativa nació tras la visita de una delegación de Centroamérica, formada por dos fiscales salvadoreños, el coordinador de la Red Centroaméricana Antitrata y un miembro de la unidad de Policía de Nicaragua, encargada del combate a este ilícito, quienes compartieron su experiencia con la implementación de este mapa social

Diego Falconí fue parte de un foro realizada este martes en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en el que participó además Roció Rosero, de la Coalición contra el Tráfico y Trata de Mujeres en América Latina y el Caribe (Catwlac).

Ella afirmó que es fundamental el que el combate a la trata se trabaje como una política de Estado y que este delito sea tipificado en la Legislación ecuatoriana.

Informó que la próxima semana se presentará un texto en la Asamblea Nacional con propuestas para la tipificación del ilícito. En esta función del Estado se trata el proyecto de Código Integral Penal, entregado por el Ministerio de Justicia en el 2011.

En el evento también estuvo Pavel Uranga, investigador del tema de trata, quien afirmó que, la explotación sexual es uno de los problemas que se evidencia en zona de frontera norte.

Según dijo, en la provincia de Sucumbíos (frontera con Colombia), hay alrededor de 85 burdeles legales y 205 ilegales, aunque la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) estima que son 305.

La Catwlac estima que alrededor de 500 mil mujeres son explotadas sexualmente en América Latina y El Caribe.