El maltrato reina en centros de “deshomosexualismo”

“Dios te va a cambiar. Dios te ama, tienes que aprender a ser hombre”, fueron las frases que escuchó Lenín durante los cinco meses que estuvo internado en una clínica particular de rehabilitación para adicciones, ubicada en el sector de la Mitad del Mundo, al noroccidente de Quito.

Lenín relata que fue llevado a la fuerza por su padre hasta el centro, cuando tenía 19 años, pensando que cambiaría su orientación sexual.

Allí el joven, quien ahora tiene 25 años y es activista de la Fundación Equidad, fue víctima de constantes maltratos: le pegaban, lo privaban de la comida y descanso, le lanzaban baldes con agua fría y lo recluían por horas en un reducido cuarto, tras cumplir penitencias de repetidos padrenuestros y avemarías.

El activista dice que nunca denunció lo que sucedía por temor a represalias de su padre y de sus hermanos mayores. El joven fue rescatado por su madre, con quien vive, después de que se divorció de su progenitor.

Su historia es una más de las vividas por decenas de personas que permanecieron encerradas en las  clínicas de rehabilitación destinadas a tratar la adicción a las drogas y a “curar”, supuestamente, la homosexualidad.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) en días pasados hizo público la existencia de estos centros al revelar la clausura de al menos 30 clínicas que funcionaban en el país. Uno de esos establecimientos, actualmente clausurado, es la llamada clínica Faith, ubicada en la ciudadela Urdesa, de Guayaquil, que es dirigida por Eithel Idrovo.

Esa acción puso en evidencia, según Neptalí Arias, director de la Fundación Amigos por la Vida, que en el país la homosexualidad es tratada por algunos sectores como una especie de enfermedad que puede curarse. “Al menos eso es lo que hacen creer algunas clínicas privadas que aceptan a jóvenes, normalmente internados a la fuerza por sus propios padres”, acota.  

Arias indica que los colectivos gays tienen identificado en Guayaquil al menos 6 clínicas que realizan ese tipo de terapias y, curiosamente, todas están vinculadas a movimientos evangélicos.

Señala que en esos centros a veces se utilizan métodos violentos, como demuestran casos de  chicas lesbianas que son violadas y de gays o travestis que les cortan el cabello y los golpean. La práctica violenta en esas clínicas parecía ser algo normal. Una muestra de eso consta en la denuncia presentada por Karen, quien estuvo aislada en la clínica Faith más de 3 semanas.

En ese lugar, según consta en  el escrito, algunas personas que lograron ingresar haciéndose pasar como futuros pacientes vieron a la joven y manifestaron que se encontraba bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, ya que no coordinaba bien sus reacciones y su forma de hablar.

El costo de la supuesta rehabilitación que pagaban los padres de Karen a la clínica era aproximadamente 1.500 dólares al mes, consta en la denuncia.

La directora provincial de Salud en Guayas, Eva Cevallos, indica que entre el 1 de enero y 19 de agosto del presente año hubo 3 denuncias formales contra  clínicas de “deshomosexualismo”, en las que sometían a los pacientes a terapias de supuesta curación con violencia verbal, física y sexual.

200 centros irregulares

La funcionaria provincial estima que podría haber en el resto del país unos 200 centros de este tipo. Marco Pacheco, de la Defensoría del Pueblo en Guayas, manifiesta que la Constitución prohíbe que haya estas clínicas que apliquen  terapias para intentar cambiar la preferencia u orientación sexual o el género de una persona.

“La homosexualidad no es una patología ni enfermedad, y al no serlo no cabe aplicar ningún tipo de tratamiento para sanarla o curarla, entre comillas. Eso sería inconstitucional, ilegal y anticientífico, inclusive”, dice el funcionario.

La Organización Mundial de la Salud excluyó la homosexualidad como enfermedad en 1990 y la Constitución ecuatoriana, aprobada en  2008, es la primera en la historia del país que reconoce los derechos de los homosexuales, por lo que Pacheco, enfatiza que esas clínicas están “fuera de la ley, de los derechos humanos y de la Constitución”.

La directora Cevallos añade que el mayor problema es el número de denuncias que presentan los afectados, porque normalmente “son los padres que ingresan a sus propios hijos y ellos no quieren denunciar a sus progenitores”.

Esteban Ullauri, director de la Comunidad Terapéutica para Adicciones del Austro, descarta, al menos en las 15 clínicas que funcionan legalmente en la región del país, que realicen ese tipo de actividades fuera de la ley y asegura que solo se limitan a tratar problemas de adicciones de alcoholismo y de sustancias psicotrópicas.

Sin embargo, indica que hay muchos centros “fantasmas” que inescrupulosamente podrían ofrecer  ese tipo de terapias, por lo que las autoridades de salud deberían ejercer un mejor control y clausurarlas. “Evidentemente no se puede curar la homosexualidad. Esas terapias suponen mala praxis y están desautorizadas. Causan trastornos depresivos, conductas autodestructivas, ansiedad y pueden derivar hasta en el suicidio”, señala el terapeuta.

En ese sentido, Cevallos manifiesta que si a los internos se les suministra medicamentos, la clínica incurriría en un problema mayor de mala práctica médica y puede llegar a ser objeto de procesos legales, agravando su situación.

En Guayas hay 80 centros privados de rehabilitación para adicciones que funcionan legalmente y que son incluidos en un plan de regulación por parte de la Dirección Provincial de Salud. Cevallos informa que alrededor del 60% de los centros ya ha sido inspeccionado.

Informe internacional

El último informe alternativo del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos  Humanos (Cladem-Ecuador), publicado en 2009, señala varias recomendaciones al Estado, con respecto a la situación de la privación de libertad y tortura por orientación sexual en clínicas de rehabilitación de consumo de alcohol y drogas.

Entre las recomendaciones consta que el Estado debe prevenir, proteger y garantizar que ninguna persona con distinta orientación sexual sea internada en clínicas privadas o centros de rehabilitación para ser sometida a los denominados tratamientos de reorientación sexual.

También debe difundir el funcionamiento de estas clínicas y las prácticas discriminatorias, con el fin de que las víctimas de estas acciones conozcan los mecanismos de protección que hay y puedan hacer las respectivas  denuncias.