El informe 30-S tendrá versión impresa y digital
El informe oficial sobre los hechos acontecidos el 30 de septiembre de 2010 será impreso en físico y digitalizado el próximo mes, según Carlos Baca Mancheno, expresidente de la Comisión 30-S.
Este documento fue entregado en primera instancia al presidente de la República, Rafael Correa; y posteriormente, al fiscal Galo Chiriboga, que lleva los procesos en contra de uniformados y civiles vinculados al 30-S.
“Ahora se encuentra en un proceso de diagramación, lo que puede tomar unas semanas antes de ser publicado”, manifestó Baca.
El excomisionado anunció que el reporte también estará disponible en la web para que las personas lo puedan descargar digitalmente.
Baca explicó que la judicialización está en manos del fiscal Chiriboga, quien valorará los datos y analizará si corresponde iniciar acciones legales contra presuntos involucrados. El reporte contiene 274 hojas y 2 discos duros, en los que están digitalizados aproximadamente 70.000 documentos.
La Fiscalía analiza todos los datos del informe antes de iniciar una posible vinculación.
Diego Guzmán, exmiembro de la Comisión, dijo que el informe menciona a algunos medios de comunicación, sobre todo a los ‘independientes’. Ahora la participación de los excomisionados se concentra en dar a conocer a la ciudadanía los resultados de la indagación.
Una de las principales conclusiones de la indagación, es que el 30-S, fue un intento de golpe de Estado blando con una estrategia de desestabilización regional.
La Comisión que investigó los casos 30-S fue creada el 10 de junio de 2013 mediante Decreto Ejecutivo N° 22, y duró un año en funciones.
La Fiscalía General del Estado investiga 58 casos a nivel nacional relacionados con los hechos del 30 de septiembre de 2010.
Uno de los últimos procesos involucra a 225 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), cuando hubo la toma de la pista del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito, en esa fecha.
La audiencia preparatoria de juicio se desarrolla de manera reservada en la Casa de Justicia de la capital desde el 7 de junio. El delito que se investiga es de sabotaje con paralización de servicios públicos, conforme al artículo 158 del Código Penal. Intervienen 60 abogados y 14 defensores públicos.
