En la sala de audiencias 108 de la Corte de Justicia de Guayas, a las 11:05 de ayer, se instaló la diligencia de juzgamiento en contra de Pietro Z. y Raúl S. por el presunto delito de peculado. Esta fue la tercera convocatoria; las 2 anteriores -el 28 de marzo y 2 de abril pasados- habían sido suspendidas.

Al acto judicial llegaron con al menos 10 minutos de antelación Galo Chiriboga, fiscal general del Estado (FGE); Pedro Solines, superintendente de Bancos y Seguro, y las partes procesales; a excepción de Pietro Z., quien se encuentra prófugo aparentemente EE.UU.

Chiriboga indicó que prevé que la audiencia de juzgamiento por el delito de peculado se desarrolle durante dos días y que en caso de que se dicte una sentencia condenatoria se coordinará la búsqueda y extradición del procesado Pietro Z. Además en este caso existe una indagación previa por el delito de lavado de activos.

Sobre un supuesto traspaso, posterior, de $ 93 millones, que también está en investigación, Solines dijo: “Descarto total y absolutamente esa posibilidad, parece que es un error (...) una vez que el banco suspendió las operaciones y que el administrador temporal de la Superintendencia de Bancos y Seguros y el liquidador en una segunda etapa asumieron la administración a puerta cerrada, no se produjo ninguna transferencia”.

“Lo que sí existió -reveló Solines-, es que los fondos provenientes del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), que ya habían sido depositados cuando el Territorial estaba en operaciones en una cuenta del banco Trasatlántico en Panamá a nombre de terceras personas, estas hicieron uso de esos recursos”.

En este sentido, Chiriboga aseveró que la Fiscalía tiene evidencias de esas transferencias y las va a presentar.

Antecedentes

Los problemas financieros del Banco Territorial empezaron en 2009, según declaraciones del superintendente de Bancos y Seguros, Pedro Solines.

Las autoridades bancarias aprobaron en abril de 2010 un plan de regularización para que se solvente y se supere el deterioro de activos.

El banco fue sometido a una comisión especial de vigilancia para que supere esas condiciones en un plazo de 3 años, como lo manda la ley. En el primer trimestre de 2012 y de 2013 esos indicadores financieros del banco empeoraron.

El plazo vencía el 16 de abril de 2013, pero para salvar a los usuarios la Junta Bancaria tomó la resolución, el 18 de marzo de 2013, de suspender las operaciones debido a problemas de solvencia y liquidez. Aquel día agentes de la Policía Nacional llegaron a resguardar los exteriores de la matriz, ubicada en el centro de Guayaquil.

La investigación, en su etapa de instrucción fiscal, recopiló indicios que determinaron el presunto delito de peculado, ya que se habrían realizado créditos sin garantías idóneas.

Asimismo, el banco reflejó en sus activos derechos fiduciarios sobreestimados en más de $ 3 millones, que según la conclusión de la Superintendencia de Bancos, son inexistentes, es decir, una simulación de un activo que afectó al patrimonio de la institución bancaria.

También se detectó una simulación de desinversión en Casa Tosi y Seguros Porvenir, y activos insuficientes para cubrir las obligaciones con el público, además de la representación de liquidez volátil de flujo en el Sucre con transferencias inusuales al exterior.

Según publicaciones de la Fiscalía, el presidente del directorio del banco y accionista mayoritario, Pietro Z., conocía de los requerimientos de la Superintendencia de Bancos, pero no resolvió sobre esos aspectos. Según un comunicado de la Interpol de Washington, Pietro Z. estaría en Estados Unidos.

La audiencia continuaba hasta el cierre de esta edición.