El  fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, anunció que prepara varias medidas para evitar  el archivo y sobreseimiento de los implicados  en el caso Quezada.

El proceso tiene relación a la presunta evasión de impuestos aduaneros en la que fueron involucrados el importador Welmer Quezada y cinco personas más. En abril pasado se levantó la orden de prisión contra ellos.      

El funcionario  señaló que los argumentos judiciales, como el archivo de la derogatoria de la Ley de Aduanas, no constituyen un soporte jurídico suficiente  en esta causa. 

Aclaró que hay cinco denuncias  en contra de los implicados, por lo que se espera que sirvan para continuar con los procesos.  

Chiriboga hizo estas declaraciones luego de acudir    ayer a  la Corte de Justicia del Guayas para presenciar  la audiencia de inicio de instrucción fiscal en contra del dirigente Balerio Estacio, Sorayda Estacio, Adelino Estacio, Marco Solís y Nicolás Garzón Delgado, por hurtar energía eléctrica.

En la  diligencia judicial, que  se desarrolló en el Juzgado Décimo Tercero de Garantías Penales del Guayas, la fiscal de Delitos Energéticos e Hidrocarburos, Susana Camatón,  sustentó la formulación de cargos  en las   denuncias de los habitantes  de zonas invadidas de Guayaquil y en los  informes de prensa que involucran a estos ciudadanos en la   comercialización ilegal de energía eléctrica.

Según los denunciantes, los habitantes de los sectores  Voluntad de Dios, Tierra Prometida, Fortaleza, entre otros,  ubicados al noroeste de la ciudad,  pagaban por cada conexión clandestina de electricidad entre “60 y 120 dólares”.

El dinero, presumiblemente, se entregaba a los familiares de Balerio Estacio o a sus empleados de confianza.

Camatón mostró también  los recibos membretados con los nombres de las cooperativas de vivienda  y la firma de sus “líderes máximos”.