El fin del pacto ético es evitar desvío de químicos a redes de narcos
En Ecuador hay alrededor de 2.000 compañías calificadas para la importación, distribución, transporte y uso de sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización. En Guayaquil existen 200 y -el pasado martes- suscribieron un pacto ético con la Secretaría Técnica de Drogas (Seted) para el manejo responsable de estos elementos, a fin de evitar el desvío de los precursores químicos que son usados en la producción ilícita de drogas.
La cocaína, por ejemplo, es un alcaloide que se obtiene de la hoja de coca y mediante un proceso que requiere de varios productos químicos (ácido sulfúrico, acetona, permanganato de potasio, etc.) es extraído hasta su forma final en cocaína (clorhidrato de cocaína), según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
De acuerdo con información de la Asociación de Productores Químicos del Ecuador, las sustancias más empleadas por las redes criminales (según lo hallado en laboratorios clandestinos) son el ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, alcoholes, solventes, sales y permanganato de potasio.
Óscar Obando, subsecretario técnico de Control y Administración de Sustancias Catalogadas a Fiscalización, anunció que la Seted trabaja en la automatización de todos sus servicios con el fin de agilizar los procesos (trámites en línea) en beneficio del sector industrial. “La Seted trae una propuesta jurídica y ética para la industria, la cual esperamos se convierta en un espacio en el que la sociedad civil y el Estado asumamos, desde nuestras competencias, la corresponsabilidad para consolidar una efectiva política de prevención integral del uso y consumo de drogas”.
Diego Campoverde, director de control de la Seted, precisó que en Ecuador no se han descubierto laboratorios de producción de drogas desde 2014. Agregó que el país por dos ocasiones consecutivas ha sido declarado como territorio libre de cultivos de droga, pese a que se encuentra entre los dos mayores productores de cocaína.
Otto Vasconcellos, presidente del Colegio de Ingenieros Químicos del Litoral, manifestó que “estamos unidos en esta causa de lucha contra las drogas. Estamos prestos para ofrecer los servicios científicos en cualquier investigación que requieran y a asistir a capacitaciones”. Añadió que conseguir los elementos químicos es complicado y, por eso, hay que cuidar que los que se manejan dentro del país no sean mal utilizados.
Rainier Pérez, representante de una de las empresas participantes, expresó que el sector se compromete con la iniciativa para enfrentar este problema social. “Seremos cumplidores de las leyes y garantizaremos que las sustancias sujetas a fiscalización, que básicamente son materia prima que la industria usa, sean debidamente utilizadas, responsablemente distribuidas y comercializadas para que su destino sea el proceso industrial y no la producción de drogas”.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el numeral dos del artículo 220, establece que quien produzca, fabrique o prepare precursores y químicos específicos destinados a 1a elaboración ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionado con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. (I)
