En cuarenta y cinco días, Guayaquil contará con un nuevo Centro de Detención Provisional (CDP) de dos pisos y mucho más espacioso, que se levanta en el mismo lugar donde estaba el antiguo edificio, ubicado en los predios de la Penitenciaría del Litoral, en el km 16,5 de la vía a Daule. Así lo informó Héctor Reyna, director del Centro de Rehabilitación Social de Varones (CRSV-G).

La construcción inició en marzo de 2011 y se prevé que esté lista a finales  de diciembre de este año. Cuando colocaron la primera piedra, las autoridades de ese entonces anunciaron que las nuevas instalaciones serían inauguradas en agosto; sin embargo, Reyna, quien está al frente del reclusorio desde el pasado 29 de junio, indicó  que la obra tiene más de 60 días de retraso porque para realizar la edificación fue necesario destruir la antigua infraestructura, lo que provocó el retraso por problemas de estudio de suelo (cimentación).

María José Murillo, directora del CDP, señaló que  el nuevo edificio tendrá tres pabellones, dos de ellos albergarán a 592 personas en total, quienes estarán divididas en contraventores varones (223), mujeres (223) y alimentantes detenidos por mora en las pensiones para sus hijos (146); y otro pabellón que será destinado para el área administrativa.

Actualmente la mayoría de los contraventores ya se encuentra en su nuevo pabellón, no así los detenidos  tanto por alimentos como extranjeros ilegales (169), que están situados en la denominada Casa de Confianza, adjunta a la Penitenciaría del Litoral, con los reclusos que están próximos a recuperar su libertad (es decir, en prelibertad).

169 privados de libertad

La Casa de Confianza tiene una capacidad de no más de 150 personas, por lo que los 169 allí detenidos, si bien están en hacinamiento, se considera que no en un nivel problemático (en comparación con otros centros de reclusión).

El Centro de Detención Provisional, como su nombre lo indica, es de estancia transitoria. Sin embargo, esa detención puede extenderse hasta por varias semanas.

Murillo indicó que el número de personas detenidas en el CDP es variable; sin embargo, agregó que esa área soporta el ingreso de muchos detenidos recurrentemente (entre detenidos por contravención e investigaciones). “Eso, dependiendo de las circunstancias, entran y salen muchísimos contraventores a diario, día y noche”, argumentó.

Aumento de detenidos

El número aumenta los fines de semana, por los operativos policiales. Especialmente, se trata de libadores que hacen escándalos en la vía pública, indocumentados, aquellos por irrespeto a la autoridad y por demanda de alimentos.

“Estamos a la espera de que terminen la obra para que podamos pasar a todos quienes deben ir al nuevo; mientras tanto se está utilizando la Casa de Confianza”, relató. “Esta área no fue diseñada para recibir personal del CDP, así  como la Penitenciaría no fue diseñada para albergar a personas no sentenciadas, ese es un problema”, se quejó el funcionario Reyna. 

Agregó que actualmente hay 4.800 personas privadas de la libertad en el CRSV-G, de las cuales 1.500 están sentenciadas, quienes son las que verdaderamente deben estar en el reclusorio; el resto debería estar en el CDP, puesto que son sumariadas, es decir, aún no son declaradas culpables; sin embargo permanecen allí detenidas por diferentes causas.

“Las nuevas construcciones están creando problemas  porque hemos tenido que derrumbar viejos pabellones y sobre esos se están construyendo los nuevos,  es una transformación que mientras dure, traerá consecuencias con las que hay que lidiar”, detalló. 

Mejoran las seguridades

Por tales motivos, las autoridades penitenciarias han tenido que reforzar la seguridad, inclusive han solicitado a las Fuerzas Armadas un contingente de uniformados para el resguardo, puesto que cuando se derrumban las paredes, se crean áreas muy delicadas que podrían  permitir que los reos escapen.

Se ha diseñado un área dentro de las construcciones en la cual ninguna persona privada de libertad puede estar; se trata de un área restringida donde no pueden caminar solos o trabajar, justamente para evitar posibles fugas individuales o masivas.

Por su parte, Johanna Pezantes, ministra de Justicia, manifestó durante la última visita que hizo al recinto con  mayor población penitenciaria del país, que la construcción del nuevo CDP responde a una obligación jurídica.

Agregó que espera que se oficialice la donación del edificio donde actualmente funciona el Centro de Detención Provisional de Santa Elena -el Ministerio no puede invertir en un edificio que no sea de su propiedad- para mejorar su infraestructura y ayudar a las personas privadas de la libertad.

Detalló que  en el lugar existe hacinamiento y no hay una división entre las personas que allí se encuentran. La ministra Pezantes  aclaró, en ese sentido, que varios centros de detención provisional del país aún no son transferidos al Ministerio de Justicia.