Hasta hace un año, en caso de una emergencia, no había un número telefónico fijo al cual llamar. En su desesperación, el afectado o algún testigo debían  comunicarse con la Policía Nacional (al 101) en caso de un delito o con el Cuerpo de Bomberos (102) si se trataba de un incendio. Si el problema era de salud, se debía contactar a alguno de los diferentes hospitales y clínicas que hay, o a la Cruz Roja (131).

El escaso personal de recepción de llamadas en las entidades mencionadas también dificultaba que una  emergencia pueda ser atendida con eficacia. En los noticiarios era común escuchar: “los policías llegaron una hora después del robo” o “el atropellado permaneció 40 minutos en la calle y nunca llegó la ambulancia... lo dejaron morir”.

Pero esto ha cambiado, gracias al Servicio Integrado de Seguridad ECU-911. Este plan de vigilancia tiene 11 meses en funciones y ha atendido alrededor de 400.000 emergencias por intermedio de sus centros, ya sean nacionales o zonales.

Con una llamada al número 911, la ciudadanía es atendida en emergencias de cualquier clase, que requieran  intervención policial, médica, de bomberos,   Fuerzas Armadas, entre otros. “Anteriormente se hacían esfuerzos aislados y eso determinaba que no haya una vigilancia efectiva. El proyecto ECU-911 permite brindar un servicio de primera, tanto vía telefónica como por video. La respuesta es inmediata y efectiva”, resaltó Jorge De la Torre, gerente general del centro de Samborondón.

De la Torre explicó que, antes de la existencia del ECU-911, el tiempo de espera para que una emergencia sea atendida era mucho mayor al que se maneja en la actualidad. “El lapso estimado para despachar una emergencia es de dos minutos. Para este 2013 las operadoras telefónicas del país (CNT, Claro y Movistar) nos ayudarán con la información de cada usuario de línea telefónica, sea fija o celular. Así podremos saber en dónde se ubica la víctima al momento de la llamada y de esa forma ya no tendremos que preguntar dónde es el lugar del incidente o quién está llamando”.

El proyecto comprendía solo 7 centros (2 nacionales y 5 zonales), pero esto cambió. “El Gobierno vio la importancia del ECU-911 y decidió abrir más centros para una mejor vigilancia del territorio ecuatoriano”, comentó De la Torre.

El organigrama actual de este plan de seguridad está constituido por  dos centros nacionales (Samborondón y Quito), cinco centros zonales (Ibarra, Portoviejo, Ambato, Cuenca y Machala) y nueve centros especiales provinciales (Esmeraldas, Tulcán, Nueva Loja, Santo Domingo, Babahoyo, Riobamba, Macas, Loja y San Cristóbal).

Hasta el momento solo hay cinco centros operativos de los 16 proyectados, todos abrieron en 2012. Samborondón se inauguró en febrero, Cuenca en abril, Machala, Quito y Ambato en diciembre. “En marzo de 2011 se empezaron a hacer las gestiones para el proyecto ECU-911. En junio se inició la construcción del Centro Nacional Samborondón y en octubre ya estuvo listo. En febrero 2012 comenzamos con la atención a la ciudadanía”, relató De la Torre sobre cómo arrancó el proyecto.

La construcción de los centros zonales es de 5 meses promedio, mientras que la edificación y equipamiento del Centro Nacional de Quito duró 6 meses. En el caso del Centro Nacional de Samborondón duró menos, ya que  se hizo sobre las bases de un inmueble que ya estaba construido por completo.

En costos, los centros nacionales tienen una inversión de 25 millones de dólares, mientras que los centros zonales  13 millones. Para este mes está previsto que entren en funciones los centros especiales provinciales de Santo Domingo de los Tsáchilas y de Esmeraldas.

Para fines de este año está contemplado que se construyan los 11 centros restantes para tener así una cobertura del 100% de la población ecuatoriana.
Dos empresas chinas son las encargadas de la edificación de los centros. Ceiec tiene a su cargo el equipamiento en general,  con tecnología de punta en seguridad, mientras que CAMC  construye el área física de los centros.

“Estamos a la vanguardia de América Latina y del mundo entero. Este es uno de los sistemas más modernos de la región. Es una lucha permanente en contra de la delincuencia y la inseguridad, queremos barrios más seguros para nuestros hijos”, expresó el presidente de la República, Rafael Correa,  en la apertura del local de Quito.

El Primer Mandatario destacó que, actualmente, Ecuador está por debajo de los promedios de inseguridad en América Latina. El Centro Nacional Quito está equipado con 1.000 cámaras de vigilancia, 44 consolas para recepción y atención de llamadas, 56 consolas de despacho para instituciones de respuesta y 21 consolas de videovigilancia y periféricos.

Para Homero Arellano, ministro coordinador de Seguridad, los centros a nivel nacional no solo son locales con tecnología de punta, sino un modelo de gestión único en cualquier país de Sudamérica. “Este Gobierno ha invertido seis veces más en seguridad que los tres gobiernos anteriores juntos. Ya son 2.135 millones de dólares los que se han destinado para la seguridad”, manifestó Arellano.

Hasta el momento, el 54% de la población está cubierto por el ECU-911. Un total de 7’809.811 personas son  beneficiadas con este servicio de seguridad integrada.
La vigilancia está asegurada las 24 horas del día. Para esto las guardias de los recepcionistas de llamadas, así como de los vigilantes de las cámaras, se dividen en tres. De 24:00 a 08:00, de 08:00 a 16:00 y de 16:00 a 24:00.

Según estadísticas internas, el turno más “suave” es de 24:00 a 08:00, mientras que el más complejo y en el que hay mayor cantidad de emergencias es el de la tarde-noche. En los fines de semana, el horario de 16:00 a 24:00 recibe un promedio de 1.200 llamadas. Entre semana, esta misma jornada recepta cerca de 700.

Lenín Ochoa, quien labora desde hace un año en el área de videovigilancia en el centro de Samborondón, dijo que por su trabajo le ha tocado observar un sinnúmero de incidentes y emergencias. “A inicios de diciembre (del año pasado) noté (a través de las cámaras Ojos de Águila) que se iniciaba un incendio en el Guasmo. De inmediato coordiné con los bomberos y pudimos evitar que una familia  resulte afectada por el incidente. Esas son las situaciones que sin lugar a dudas nos gusta vivir en este día a día. La idea es prevenir, adelantarse al hecho”.

Por su parte, Ivette Rangel, quien está en el área de operadora de llamadas, recordó una experiencia negativa que le tocó vivir meses atrás: “Una vez llamaron porque alguien se estaba electrocutando. La persona en la línea estaba desesperada y yo la tranquilizaba mientras hacía las gestiones para la emergencia. Lamentablemente fue muy tarde todo y la persona que sufrió el accidente falleció”. “Podemos ayudar a salvar vidas, siempre y cuando quienes llamen mantengan la calma y  realicen los pasos necesarios para viabilizar el despacho de las emergencias en el menor tiempo posible”.

Rangel añadió: “Nosotros estamos capacitados para tratar con personas que al momento de su llamada se encuentran en estado de pánico. Les brindamos seguridad y tranquilidad”.

Uno de los inconvenientes que tienen los operadores telefónicos es  el mal uso de los teléfonos para realizar falsas alarmas. “En el mes tenemos pocas llamadas falsas, a veces tres o dos, antes eran muchas más. Una llamada falsa es cuando alguien notifica una emergencia que no existe”. “Hay personas que se inventan grandes historias de algo que no hay. En estos casos hay una multa para el infractor, que es la suspensión de 180 días del servicio telefónico, cuando es por primera vez. Si hay reincidencia, su operadora telefónica, -sea fijo o celular- le quitará el servicio de por vida”, indicó De la Torre.

Respecto al mal uso del teléfono, De la Torre manifestó: “Cuando recibimos un repetido número de llamadas en las que no dicen nada, puede ser porque el teléfono se les marca solo, pero si comprobamos que han sido varias llamadas y que no existe ninguna emergencia, procedemos a suspender la línea telefónica por 30 días”.

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