En una de las medidas más controvertidas del último tiempo en Chile y que según algunos ciudadanos se contradice con la ola de reformas estructurales que ha llevado adelante el gobierno de Michelle Bachelet, el Senado acaba de aprobar una agenda antidelincuencia que incluye el control preventivo de identidad. Esto otorga un amplio poder a la Policía (Carabineros) y en la práctica podría llevar a la detención por sospecha.

El debate sobre el control de identidad está al rojo vivo en Chile. Esta iniciativa fue aprobada con los votos de los senadores de la derecha, más los parlamentarios de la Democracia Cristina, partido que forma parte de la Nueva Mayoría liderada por Bachelet. Así, los senadores socialistas se opusieron a la medida, que será revisada por la Cámara de Diputados ante la ola de rechazo que ha generado entre la ciudadanía. Por ahora el gobierno está perdiendo apoyos entre la Nueva Mayoría para concretar el control de identidad.

La iniciativa aprobada en el Senado faculta al personal de la policía chilena a realizar un control de identidad sin mediar un delito flagrante. Pero eso solo puede llevarse a cabo en la vía pública. En caso de que la persona no porte su cédula de identidad, puede ser llevada a una comisaría, aunque por un máximo de 4 horas. En caso de que sea menor de edad, el arresto no podrá exceder más de una hora.

Al mismo tiempo, los carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) pueden controlar la identidad, pero en todos los casos deben exhibir su placa, señalar claramente su nombre, además de su grado jerárquico. También la policía deberá entregar un informe trimestral al Ministerio del Interior. La detención por sospecha había sido eliminada en Chile en 1998 y siempre se asoció a la dictadura de Augusto Pinochet.

La controversia tiene que ver porque se presume que los más afectados por este control de identidad serán las personas de bajos recursos y también los inmigrantes que cada vez son más comunes en las calles del país, especialmente peruanos, colombianos y haitianos. Es decir, se piensa que esta iniciativa pueda derivar en una serie de discriminaciones arbitrarias. Quienes defienden el proyecto estiman que está orientado a dar solución a las más de 60 mil órdenes de arresto que no han podido concretarse.

Precisamente, los senadores socialistas que no apoyaron la idea del control preventivo y detención por sospecha dijeron que “la enorme mayoría de los expertos en políticas de seguridad, profesores de derecho penal, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, informes de relatores especiales de Naciones Unidas y de Unicef y representantes de diversas organizaciones sociales, han cuestionado esta medida por considerarla innecesaria, sin evidencia que la sustente, además de representar un serio riesgo de privaciones arbitrarias de la libertad personal, que recaería en la parte más discriminada de la población, lo que es aún más grave considerando que esta medida también puede afectar a menores de edad”.

Pero, además, hay otra consideración de tinte más político. Sucede que durante el gobierno derechista de Sebastián Piñera (2010-2014) se intentó llevar adelante una iniciativa similar, que entonces fue muy criticada por los personeros que hoy forman parte del oficialismo. La llamada ‘Ley Hinzpeter’ establecía que el control policial podía realizarse en “ciertos lugares y en ciertas circunstancias cuando las personas se encuentren en cercanía a lugares sensibles como hospitales u otros bienes públicos”. Con la citada ley, si el ciudadano no se identificaba, podía ser detenido por un máximo de 8 horas. (I)