Divorcio por mutuo consentimiento, constituciones de compañías y certificaciones de documentos traducidos, son algunos de los trámites que se gestionarían ante un notario y ya no en una judicatura, cuando esté en vigencia el Código Orgánico General de Procesos (Cogep).

La normativa plantea mayores atribuciones a los notarios para así descongestionar los juzgados cuando se aplique el sistema de oralidad en las materias no penales que contempla el Cogep.

Este proyecto al momento lo analizan los miembros de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura, explicó que los notarios podrían intervenir exclusivamente en la jurisdicción voluntaria, es decir, donde no exista alguna contradicción o conflicto, y nombró de ejemplo la creación de empresas o la matrícula de comercio.

Arbito destacó el incremento de notarías en el país para brindar atención al usuario en sus necesidades. En Quito funcionan 75 dependencias, de las cuales 8 fueron recién inauguradas en los sectores de Carcelén, Tumbaco, Los Chillos y Quitumbe. A lo largo del país hay 530 notarías.

Para Tomás Alvear, director de la Escuela de la Función Judicial, las nuevas atribuciones de los notarios serán, entre otras, la posesión efectiva de los bienes, permisos de salida del país, incluso declaraciones testamentarias.

El Cogep contempla el sistema oral en reemplazo del escrito. Una vez vigente, el ahorro de papel será de aproximadamente 8 millones de hojas al mes, que se utilizan en las audiencias y también el tiempo que  dura un proceso.

Tomando como referencia un estudio del Banco Mundial, Arbito explicó que un juicio civil para el cobro de la exigencia de un contrato en Estados Unidos dura alrededor de 300 días, desde la presentación de la demanda hasta la indemnización. En Latinoamérica el mismo trámite podría demorar 1.715 días, que es un promedio de tres años y cinco meses.

El Cogep sería la solución para disminuir los tiempos de administración de justicia en este tipo de casos.