La decisión del Ejecutivo de conformar en 2010 la Comisión de la Verdad, que investigó las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre 1985 y 2008, permitió confirmar que en Ecuador ocurrieron estos delitos, lo que dejó, según las conclusiones del estudio, 456 víctimas, algunas de las cuales habían acudido a la justicia para exponer lo que les había sucedido infructuosamente.

Por eso, fue necesario que las entidades judiciales conozcan los hechos, ya que la Comisión de la Verdad reveló más de 350 mil documentos que fueron desclasificados de los diferentes organismos de seguridad del Estado.

La Fiscalía a su vez conformó en 2012 la Comisión de la Verdad para trabajar específicamente en esos casos, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, impulsó esta unidad que finalmente en octubre de 2013, en un hecho inédito para la justicia ecuatoriana, solicitó la convocatoria a una audiencia preparatoria de juicio donde acusó a 12 oficiales del Ejército y un excomandante de Policía de haber cometido, durante el gobierno de León Febres-Cordero, delitos de lesa humanidad en contra de Javier Jarrín, Susana Cajas y Luis Vaca, quienes sufrieron torturas, violencia sexual y desaparición forzada.

Posteriormente, en septiembre de 2014, la jueza nacional Lucy Blacio ratificó el llamado a juicio a 9 de los sindicados; sin embargo, hasta la fecha la diligencia sigue pendiente.

Pero ¿por qué es importante que delitos de lesa humanidad sean juzgados?, ¿existieron agentes del Estado que se dedicaron a perseguir a ciudadanos?, ¿hubo un aparato represivo que incentivó las violaciones sistemáticas a los derechos humanos?, ¿cuál es el beneficio para el país que se judicialicen estos hechos sucedidos en años pasados?

Estas interrogantes las contesta el representante del Ministerio Público, Galo Chiriboga, al manifestar que este caso permitirá avanzar jurídicamente en lo que se refiere a Derecho Penal y Derecho Penal Internacional como parte de los compromisos adquiridos por Ecuador para investigar las graves violaciones a los derechos humanos y así evitar que instancias internacionales juzguen al país.

Además, indicó que este es uno de los 136 casos de delitos de lesa humanidad que investiga la Fiscalía y que se produjeron entre 1984 y 1988, “sostenemos esto porque hemos evidenciado la existencia en esa época de un ataque sistemático y generalizado a la población civil”, dijo.

La legislación internacional no establece un umbral numérico a partir de cuándo un ataque es generalizado y masivo, por lo tanto se refieren a hechos ocurridos en un lapso breve de tiempo. “En Ecuador a inicios de 1985, cuando sucedió este caso, se dieron otros que seguimos investigando como la muerte de Consuelo Benavides en diciembre de 1985, el crimen de Fausto Basantes en enero del 86, caso Arturo Jarrín en 1986, entre otros, todos fallecidos durante operativos policiales o militares, lo cual permite contextualizar que hubo ataque a la población civil en esos años”, detalló.

La importancia por ende radica en que siendo un crimen tipificado en la legislación internacional, el Estado como garante de los derechos humanos tiene la responsabilidad de procesar e investigar estos hechos. “Además, la Fiscalía por disposición constitucional lo que hace es llevar al escenario jurídico estos casos en contra de funcionarios, no es un proceso a las Fuerzas Armadas o Policía”, explicó.

Las palabras del funcionario tienen relación con la última audiencia de juicio fallida en el caso Cajas, Vaca y Jarrín, en la que estuvieron presentes oficiales militares en respaldo de los imputados, exmiembros de las FF.AA. En esa ocasión se originó una polémica, por cuanto trastocó el verdadero sentido de la justicia.

La Fiscalía no actúa por venganza, “buscamos que estos acontecimientos no queden en la impunidad, que las víctimas sean reparadas y si es que hay responsables estos asuman la pena, la cual solo podrá ser declarada por los jueces en sentencia”, sostuvo Chiriboga.

Fidel Jaramillo, director de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía, comentó que pudieron establecer documentadamente la existencia entre 1984 y 1988 del Servicio de Investigación Criminal (SIC-10) como una estructura policial que actuó represivamente y violó los derechos humanos de varios ciudadanos.

“Tenemos la suficiente documentación y testimonios que permitirán probar que el caso Cajas, Vaca, Jarrín ocurrió en un contexto de ataque sistemático y generalizado a la población, lo cual lo presentaremos a los jueces”, aseguró el funcionario.

“Es indudable que en Ecuador existió una época, donde se violaron de manera sistemática los derechos humanos, incluso si esas personas hubieran cometido delitos tenían el derecho al debido proceso”, dijo el subdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad privada San Francisco de Quito, Farid Simon. Cajas al igual que Vaca y Jarrín solo buscan con este juicio que se haga justicia. (I)