El sistema oral acusatorio, el funcionamiento de las unidades de flagrancia y la reducción de las audiencias fallidas, son parte de los factores que han permitido la celeridad de las sentencias en juicios por delitos contra la vida.

Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura, explicó el incremento de los fallos por asesinatos y homicidios. Las cifras señalan que en 2010 se sentenciaba solo el 44% de este tipo de casos, pero en el primer semestre del 2014 el nivel es del 83%.

Para lograr esto, Arbito indicó que el Consejo de la Judicatura impulsa una política de realización de audiencias en el país, para que los procesos avancen y no se retrasen como sucedía en años anteriores. “A nivel nacional se llega a un 5% de audiencias fallidas. Incluso hay provincias donde es 0%”, dijo.

En lo que respecta al funcionamiento de  las unidades  de flagrancia, Arbito afirmó que es un concepto donde se cuenta con todos los elementos para iniciar un proceso y juicio, como la Policía, Fiscalía, Defensoría Pública, incluso médicos y sicólogos. “Todo en la misma dependencia, eso permite agilidad procesal”.

También destacó la importancia de la oralidad en las causas penales. “A nivel nacional, llegamos a un indicador de 85% y 90% de resoluciones en segunda instancia”.

La Judicatura informó que la disminución de la caducidad en prisión preventiva también es otro factor en los cambios del sistema de justicia, pues mientras en 2008 las caducidades llegaban al 18%(2.078 casos), en 2014 son solo el 0,1%, es decir, 10 casos en el país.     

Esto también ha permitido que el 65%de las personas que se encuentran privadas de la libertad (PPL) ya cuenten con su sentencia, cifra que contrasta con lo que sucedía antes de la reforma judicial cuando solo el 35% de las PPL la  había recibido.  

Arbito manifestó que no es posible tener una tasa del 0% de personas sin sentencia, debido a las medidas cautelares que se otorgan en los distintos procesos. Y enfatizó que el incremento de sentencias debe ser percibido como seguridad por el ciudadano. “Cuando se inicia un proceso, todos desean que termine con una decisión, pues los procesos eternos no les convienen a nadie, y el garantismo es un debido proceso”, explicó el funcionario.

Jueces deben cumplir plazos

Pablo Almeida, juez de la Sala Única Penal de la Corte Provincial de Pichincha, afirmó que una de las razones de los avances en las causas es que el país ingresó al sistema oral acusatorio. “Eso permitió que la Fiscalía se dedique a investigar, y el magistrado a administrar justicia”.

El cumplimiento de los tiempos en las causas también incide en la celeridad. “Ahora los jueces debemos cumplir los plazos, si no podrían enfrentar una sanción administrativa o una posible destitución”, señaló el funcionario.

Almeida explicó que las resoluciones, por muy breves, tienen que ser debidamente motivadas, pues no se puede sacrificar la calidad de la sentencia por  la celeridad de la justicia.

En ese sentido, indicó que los 19 jueces de la Sala Única Penal de Pichincha trabajan para lograr resoluciones motivadas.

Los objetivos alcanzados en el sistema de justicia ecuatoriano también tienen el reconocimiento internacional.

Interés internacional

Santiago Pereira, destacado jurista uruguayo, quien hace pocos días visitó el país, aseguró que la reforma judicial en Ecuador, sobre todo en materia procesal, genera interés a nivel latinoamericano. “Ecuador es un país que está encarando las reformas procesales de una forma más sistémica. Se le está dando muchísima prioridad a la oralidad como instrumento clave de acercamiento entre el juez, los abogados, las partes litigantes y eso me parece especialmente interesante”, señaló Pereira.

DATOS

En 2010 solo se sentenciaba el 44% de los casos de delitos contra la vida (homicidios y asesinatos).  En el primer semestre de 2014 aumentó al 84%.

Desde el 2011 se realizan reformas al sistema de justicia ecuatoriano, y se reforzó con la aprobación y entrada en vigencia desde el 10 de agosto del Código Orgánico Integral Penal (COIP).  

Este año se incrementaron a 16 los jueces de Garantías Penales en la Unidad de Flagrancia de Quito, para agilitar las audiencias y reducir la brecha entre causas ingresadas y resueltas.

En 2014, el 65% de las personas privadas de libertad (PPL) ya cuenta con sentencia; antes de la reforma judicial apenas se encontraba registrado el 35% de los internos de las cárceles del país.