El nuevo plan del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para frenar la producción de narcóticos, denominado ‘Estrategia Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos’, tiene como propósito combatir el problema del narcotráfico en todos los eslabones de la cadena.

La estrategia se implementará desde el próximo 1 de octubre con la suspensión del uso del glifosato para la erradicación de cultivos. Continuará en 2016 y se focalizará principalmente en los departamentos limítrofes con Ecuador, como son Putumayo y Nariño. Estará dirigida por el exministro de Salud, Eduardo Díaz, y abarcará 6 frentes concretos: inversión social, sustitución, interdicción, investigación y judicialización, consumo y reforma institucional.

Santos indicó que “Colombia no tiene por qué seguir siendo el primer exportador de coca del planeta”, y confió en que este plan contribuya a ese propósito. “Los cultivos ilícitos destruyen nuestros bosques naturales, pervierten la economía campesina, y son el comienzo de la cadena del narcotráfico con todas sus secuelas de violencia y corrupción”, comentó.

Según las Naciones Unidas, en el año 2014 había 69.000 hectáreas de coca sembradas en Colombia, lo cual representa 100.000 hectáreas menos que en el año 2000.

Focalización

El presidente Santos recalcó que el principio fundamental de esta estrategia es la focalización, tomando en cuenta que de los 1.102 municipios que tiene Colombia, solo 204 tienen cultivos de coca. Mientras que el 81% de la producción se concentra en 6 departamentos: Putumayo, Nariño, Cauca, Caquetá, Guaviare y Norte de Santander. Y si se focaliza aún más, el 43% de la coca se produciría en solo 10 municipios.

El mandatario agregó que otro dato preocupante, sobre todo en medio ambiente, se refiere a que dos terceras partes de los cultivos ilícitos están en parques naturales, zonas de reserva natural o territorios étnicos o colectivos.

“¿Qué hay que hacer entonces?” preguntó Santos tras indicar que hay que “concentrarse en los departamentos y municipios donde hay más cultivos, para ser más efectivos en los resultados”.

Santos sostuvo que el plan se va a comenzar a implementar en los dos departamentos con mayor producción, que son Putumayo y Nariño, donde hay unas 26.000 familias productoras de coca.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, por su parte, dijo que esta nueva estrategia para la lucha contra el narcotráfico, se concentrará no solo en la disminución de cultivos ilícitos, sino en la interdicción aérea y marítima, el control de la demanda y en fortalecer el marco jurídico y sumar recursos. También explicó que existirán comandos nuevos de las Fuerzas Militares contra el narcotráfico en San José del Guaviare, Tumaco, Caucasia y Cúcuta. Y además se aumentarán de 16 a 60 los grupos de erradicación manual.

Inversión

En el tema de inversión se destaca que tomando en cuenta que en las zonas donde hay cultivos ilícitos es donde hay menor presencia del Estado y de sus servicios, en los municipios y departamentos priorizados se trabajará en construcción de vías, colegios, puestos de salud, acueductos y redes de servicios, siempre en un trabajo conjunto con las comunidades.

Respeto a la sustitución, el Gobierno busca cambiar el paradigma, puesto que esa política no será familia por familia sino con las comunidades organizadas.

De acuerdo con el analista Benjamín Robayo, “el propósito es llegar a acuerdos con las comunidades para que erradiquen voluntariamente. Esto se pondrá en práctica de inmediato y no en forma gradual”. Pero si esto no se logra voluntariamente, entonces el Estado procederá a la erradicación forzosa.

Al respecto, el presidente Santos explicó las ventajas que representan para las comunidades los acuerdos de sustitución. “Tendrán acompañamiento, financiación, asesoría técnica para emprender otros proyectos agropecuarios, pero no de cualquier clase sino de los productos agrícolas o pecuarios que tengan vocación de producción en esa zona específica”, dijo.

“No los vamos a dejar solos en sus negocios. Vamos a crear unas comercializadoras rurales, que se encargarán de los centros de acopio, de la distribución y la búsqueda de mercados”, sostuvo.

Asimismo, se refirió a otro incentivo muy importante: “A quienes se mantengan más de 5 años cultivando productos lícitos, se les podrá titular las tierras para que se conviertan además en propietarios legales”.

Incautaciones

Sobre el tema de la interdicción, el gobierno fue enfático en advertir que mientras este plan de sustitución es para las comunidades y para los campesinos, “a los narcotraficantes, a las bandas criminales dedicadas a este negocio, los seguiremos persiguiendo con toda la contundencia de nuestra Fuerza Pública”, dijo Santos.

“Seguirá la destrucción de laboratorios, la incautación de cargamentos, de insumos y, por supuesto, la captura y judicialización de todos los mafiosos. Y seguirá la presencia policial y militar en todo el territorio”, sostuvo.

De otro lado, Robayo señala que “se necesitan más herramientas legales para mejorar el combate al negocio de las drogas ilícitas, para que las capturas se conviertan efectivamente en condenas, debido a que principalmente las mafias del narcotráfico usan muchachos de entre 14 y 18 años, por los beneficios penales que tienen”.

Consumo

Frente a la situación del consumo, el gobierno dispuso que el Ministerio de Salud coordine con otras 10 entidades del Estado un Plan Nacional de Prevención y Atención al Consumo, que se enfocará en prevención, tratamiento y reducción de riesgos y daños producidos por el consumo de drogas ilícitas.

En cuanto a reformas institucionales, la estrategia contempla la creación de una Agencia que se encargará de coordinar la estrategia y de un Fondo Cuenta para su ejecución, que además tendrán unos indicadores para medir los avances en cada aspecto, con seguimientos que se harán cada tres meses.

Otra de las preocupaciones del Gobierno es que varias comunidades tienen cultivos ilícitos en parques naturales, para ello, el Plan les va a proponer una iniciativa de re-localización fuera de ellos, con programas de vivienda rural y servicios, y proyectos con vocación agropecuaria.

Sobre esta situación, el mandatario colombiano ha dicho que “algunas comunidades podrán convertirse en Guardias Verdes, para ayudar a conservar esas reservas naturales que antes se veían afectadas con sus cultivos. Con este programa esperamos tener un doble resultado: reducir los cultivos ilícitos (con el daño que ellos hacen) y mejorar las condiciones de vida de cientos de miles de campesinos”.

Como último aspecto, el Presidente Santos resaltó la importancia de la terminación del conflicto armado en la lucha contra los cultivos ilícitos, ya que se considera los grupos rebeldes son los mayores productores de coca en el país.

“Imagínense cuánto podríamos avanzar si acabamos el conflicto. De hecho, unos de los compromisos ya logrados con las FARC es que, una vez dejen las armas, contribuirán con la solución al problema de las drogas ilícitas en Colombia. Ya hemos hablado con las FARC sobre planes conjuntos para la sustitución de cultivos. Imagínense lo que esto significa. Que las FARC, en vez de defender cultivos ilícitos y toda la cadena del narcotráfico, ayude al Estado para su erradicación. Como dice el lema, con paz haremos más”, expuso el mandatario. (I)

Datos

El último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU, que arroja cifras del 2014, indica que en Colombia 64.500 familias se dedican al cultivo de coca, y que en promedio una persona gana cada año 1.160 dólares por la producción de hoja y pasta de coca.

De acuerdo con cifras oficiales, en las cárceles del país hay cerca de 200 cultivadores de coca, de los cuales unos 60 no tienen en los procesos otros delitos. El Código Penal colombiano fija hoy en día penas entre los 6 y 12 años de cárcel, y una multa de hasta 1.500 salarios mínimos mensuales vigentes por ese delito.

Además en las cárceles hay más de 24.300 personas detenidas por tráfico de estupefacientes. La mayoría tiene que ver con las llamadas mulas o correos humanos, que enfrentan entre 4 y hasta 20 años de cárcel, según la cantidad de droga hallada.