El pasado 2 de abril, la familia de Cirilo Robles recordó 10 años de su muerte. Su viuda, Marina Cutipa, apareció en numerosos medios de comunicación del Perú, dejando ver un rostro envejecido en el que se adivina el sufrimiento. “Justicia que tarda ya no es justicia”, señalaba ella en una de sus declaraciones.

Y lo hacía con la convicción de quien dice la verdad. ¡Cómo no!: Una década atrás, encerrada en una habitación de su casa protegiendo a sus hijas, fue testigo de la ira descontrolada de una turba que sin escuchar razones se llevó a rastras a su esposo Cirilo, entonces alcalde de Ilave (población de Puno, Perú), para ajusticiarlo en la plaza principal.

La secuencia de esos actos quedó grabada en varias cintas de video que el pasado abril volvieron a exhibirse en los noticiarios, durante todo el día y la noche, recordando la saña con la que los pobladores decían ‘hacer justicia’.

Esas imágenes no son extrañas en un país que las ve repetirse semanalmente y de formas cada vez más crudas.

Una medición en 2010 contaba al menos 695 intentos de ajusticiamiento colectivo en zonas urbanas y rurales del Perú. Las víctimas eran, en su mayoría, delincuentes atrapados infraganti en el delito. De ellos, 8 víctimas mortales son el resultado.

“Lo sorprendente de estos sucesos es que, lejos de escandalizar al país entero y principalmente al gobierno, suelen ser desapercibidos y no pasan de ser una noticia trágica más en un país como el nuestro, carente de un Estado capaz de crear confianza en el pueblo y administrar justicia por sí mismo”, señala Miguel Ángel Pérez, estudioso de este fenómeno.

Al parecer, los brotes de violencia colectiva encuentran en esos espacios vacíos que deja la impotencia del Estado, lugares fértiles para un discurso de justicia hecho a imagen y semejanza de la realidad. Una realidad que, al ser analizada, presenta desventajas por todos lados. Por ejemplo: en el Perú alrededor de 92.000 policías son el total del personal disponible. Si a esa cifra se le restan 8.900 efectivos de Sanidad Policial y 27.000 administrativos, el resultado es 56.100 miembros activos, que divididos entre día y noche hacen un total de 28.050 policías en servicio. Eso, en un país de 28 millones de habitantes es casi un delito.

En Perú existe un policía por cada 1.000 personas, y un policía por cada 1.200 habitantes en Lima.

El problema se asienta en medio de una realidad que muestra al Estado incapaz de responder con eficacia a la demanda ciudadana. El 68% de los habitantes de Lima declararon el año pasado estar de acuerdo con la justicia propia sin que llegue a la muerte de la víctima. Esa elevada tasa de aceptación muestra cómo estas acciones han permeado la tolerancia social, al punto de reflejar un supuesto sentido de justicia a la hora de su concreción.

Esa justicia es vista por el ciudadano como un espacio benevolente ante la violencia, pues las normas vigentes no sancionan con prisión los delitos graves. “La gente entiende que están tratando con una ley que suelta al delincuente para que reincida, pues no cumple con presentarle una esfera de rehabilitación, lo que genera la sensación de decepción frente a ella. La respuesta ante eso es una ley paralela, una forma de ocupación personal de los temas colectivos”, señala Pérez.

Félix Lossio, sociólogo peruano, plantea la explicación de este tipo de fenómenos en 4 ejes fundamentales: las carencias institucionales materiales, las dificultades del proceso legal, los discursos opuestos entre policías y habitantes, y el desconocimiento del acusado como sujeto de derecho.

“Una de las funciones en las que la gente parece hallar justificación a estos hechos es en vengar el ataque a los valores de la conciencia colectiva ofendidos por el crimen, así como resarcir el ultraje a la moral. La sanción busca restablecer un orden moral conocido, propio, y de ese modo restablecer una supuesta justicia y armonía colectiva”, apunta.

Ese es el territorio sobre el que se reiteran agresiones colectivas a ciudadanos despojados de todo derecho a la defensa.