En el Ecuador, alrededor de 3.000 personas reciben apoyo por parte del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes en el proceso penal. 

De este grupo que obtiene asistencia, el 50% se encuentra en riesgo debido a hechos de violencia basados en género (violación, agresión, trata, intento de homicidio, etc.); mientras que un 30% recibe protección por hechos delictivos de crimen organizado (asesinato, sicariato). El resto corresponde a delitos de diversa índole.

Con ese antecedente, la Fiscalía General del Estado inauguró la mañana de hoy el Seminario Internacional sobre el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos.

El encuentro, que se desarrolla en Quito y concluye mañana, analizará el cumplimiento de normas internacionales como Las 100 Reglas de Brasilia y Las Guías de Santiago sobre la protección de víctimas y testigos, explicó Galo Chiriboga, fiscal General de la Nación.

Maggio Irigoyen, director Nacional del Sistema, explicó que para que una persona ingrese a este programa se debe cumplir un proceso riguroso. Primero se requiere la solicitud del fiscal que señale que la persona (incluida su familia si es que el caso lo amerita) se encuentra en un nivel de riesgo o que su vida corre peligro por participar en determinado proceso penal.

Irigoyen explicó que el tiempo de protección dura mientras duren las causas que generaron su ingreso al sistema y se hace un análisis periódico para evaluar el nivel de riesgo. "Este proceso puede durar incluso años", dijo Irigoyen.

Chiriboga explicó que en el país se encuentran 24 unidades a escala nacional que proporcionan esta asistencia. Explicó que de ser el caso se coordina el apoyo con el Ministerio de Trabajo para proporcionar una fuente de empleo, ya que la víctima se puede ver obligada a cambiar de domicilio y de lugar de trabajo.

El presupuesto anual con el que cuenta esta dependencia es de alrededor de $ 1 millón; las provincias que más recursos demandan son Manabí, Esmeraldas, Guayas, Pichincha, informó el director del Sistema.

Sobre las normas internacionales

Las 100 Reglas de Brasilia fueron elaboradas en 2008, tras la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, en Brasilia. Esta reglamentación garantiza que las personas tengan un juicio justo y trato digno sin ser discriminadas por su edad, género, estado físico, mental, condición socio-económica, etc.

Mientras que Las Guías de Santiago realiza recomendaciones específicas para que las Fiscalía proporcionen a las víctimas y testigos atención oportuna, integral y eficiente. Estas guías fueron publicadas por la Asociación Iberoamericana de Ministerio Públicos, en 2008. (I)