Alentados por la pronunciada caída de los cruces ilegales en la frontera, el gobierno estadounidense aumenta las medidas contra los inmigrantes indocumentados. Tiene en la mira tanto a los trabajadores latinoamericanos como a los del sector tecnológico de Silicon Valley, en California.

Policía, fiscales y jueces han recibido la orden de tener una postura más dura con los migrantes irregulares, detener a quienes no tengan papeles y procesar a una mayor cantidad de indocumentados.

Al mismo tiempo, los requerimientos para contratar a agentes de migración se suavizan para poder aumentar rápidamente sus filas. Además se están construyendo más instalaciones para los inmigrantes detenidos y sumando jueces para gestionar los casos.

A los agentes se les ha ordenado detener incluso a los inmigrantes irregulares que llevan décadas en el país, y en lugares que solían ser seguros, como juzgados, alcaldías y ciudades santuarios.

Paralelamente se diseña el muro que el presidente Donald Trump prometió construir en los 3.200 km de frontera entre Estados Unidos y México. No se tratará de una barrera física a lo largo de todo el recorrido, sino que se erigirá en zonas estratégicas mientras que otras serán vigiladas recurriendo a tecnología de punta.

“A quienes sigan buscando una entrada inadecuada e ilegal a este país, les advertimos: esta es una nueva era. Es la era Trump”, dijo el martes pasado el fiscal general, Jeff Sessions, a las patrullas fronterizas.

Menos entradas

Donald Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de expulsar a alrededor de 11 millones de personas que viven irregularmente en Estados Unidos. A ellos los acusó de robar empleos a los nacionales y aumentar el crimen en las ciudades. La mayoría son mexicanos y llevan décadas en Estados Unidos.

En los tres meses de la administración Trump, el número de entradas ilegales llegó a un mínimo en cuatro décadas, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). En marzo se detuvo a 16.600 personas cuando intentaban cruzar la frontera ilegalmente, lo que supone una caída del 30% respecto a febrero, y de 64% en relación a un año antes.

Aún es pronto para ver un repunte en las deportaciones, que requieren más tiempo debido a los trámites judiciales. Pero Tom Jawetz, vicepresidente a cargo de política inmigratoria en el grupo de reflexión Center for American Progress, dice que hay un cambio claro en la aplicación de las leyes.

Sessions ordenó esta semana al CBP y a la agencia migratoria ICE que detengan a cualquier persona que cruce la frontera sin documentos legales y lo lleve ante un juez. Antes, simplemente se los devolvía a la frontera.

También dispuso a los fiscales que soliciten cargos de delito grave para quien intente entrar por segunda vez. Quienes transporten inmigrantes ilegales se enfrentan a una pena de prisión, al igual que quien use documentos falsos.

El secretario de Seguridad Interior, John Kelly, autorizó al CBP y el ICE a perseguir inmigrantes ilegales en lugares que antes eran seguros. Cada vez más son arrestados en lugares como oficinas públicas, incluso durante el proceso para legalizar su residencia.

El titular de Justicia de California, Tani Cantil-Sakauye, señaló en una carta dirigida a Sessions y Kelly que esos lugares deberían estar protegidos y acusó al ICE de ‘acechar’ a gente que “no plantea ningún problema de seguridad pública”.

Presión sobre la migración legal

Trump también instó a limitar la migración legal, con la suspensión temporal del programa de acogida de refugiados y su batalla jurídica para detener las llegadas de nacionales de seis países de mayoría musulmana.

Sessions y Kelly advirtieron además a las empresas tecnológicas que el Gobierno será más duro con aquellas que abusen del programa de visas H-1B, que son concedidas a los trabajadores cualificados.

A medida que la campaña avanza, economistas y expertos en migración advierten de sus posibles perjuicios. “Los beneficios de la inmigración para la sociedad son superiores a sus costos”, dijeron 1.500 economistas alineados tanto con el partido Demócrata como con el Republicano, incluyendo seis Premios Nobel, en una carta a Trump.

Jawetz considera que las nuevas medidas no se justifican, teniendo en cuenta que en los últimos años hubo una ‘salida neta’ de mexicanos.

“Gran parte de la gente que entra en la actualidad por nuestra frontera suroccidental son personas que buscan asilo, que no pueden y no deberían ser procesadas por entrada ilegal”, añade.

En los tribunales se combate el retiro de fondo para las ciudades rebeldes

Un juez de Estados Unidos escuchó los argumentos de los abogados que representan a dos ciudades ‘santuario’ que desafiaron la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para quitar ayudas federales a los municipios que asisten a los inmigrantes.

El resultado de este caso, tratado por un tribunal de San Francisco, podría impactar a más de 300 ciudades y condados de Estados Unidos que han denunciado como inconstitucional la decisión de Trump de retener fondos destinados a las ciudades que se niegan a cooperar con los agentes federales de inmigración.

El juez federal encargado del caso, William Orrick, dijo que emitiría su decisión “tan pronto como pueda” después de oír los argumentos de los abogados que representan a la ciudad de San Francisco y al condado de Santa Clara.

Ambas jurisdicciones han demandado a la administración y buscan un amparo contra la orden de Trump de bloquear ayudas federales a aquellas ciudades que rechazan compartir información con las autoridades nacionales sobre los inmigrantes indocumentados.

Autoridades de Santa Clara dijeron que el condado podría llegar a perder casi $ 1.700 millones en fondos federales debido a la orden ejecutiva de Trump.

San Francisco recibe a su vez hasta $ 2.000 millones al año en fondos federales.

Los abogados de la administración Trump declararon  ante el tribunal que ninguna jurisdicción estaba en riesgo inmediato de perder los fondos federales, agregando que la orden fue simplemente destinada a obligar a los condados y autoridades locales a cumplir con las leyes.

Por otro lado, una entidad ambientalista y un diputado estadounidense presentaron ante un tribunal de Arizona la primera demanda contra la construcción de un muro en la frontera con México, informó el equipo del legislador Raúl Grijalva.

La demanda había sido presentada formalmente el miércoles ante un tribunal federal en Tucson, capital de Arizona, y exige que los planes para la construcción del muro propuesto sean suspendidos por falta de estudios sobre el impacto ambiental de semejante obra.

Según Grijalva, las leyes ambientales estadounidenses “existen para proteger el bienestar la gente y la vida silvestre. El muro de Trump y su abordaje fanático sobre la frontera sur perpetuarán el sufrimiento humano y provocarán daño irreparable a nuestras tierras públicas y la vida silvestre”. Los demandantes piden la suspensión del muro.

Datos

- El gobierno de Donald Trump no reactivará el registro público de visitantes a la Casa Blanca, que estuvo disponible en internet bajo la presidencia de Barack Obama, invocando razones de seguridad y confidencialidad.

- Durante la casi totalidad de la presidencia de Barack Obama, la lista de personas que ingresaba a la Casa Blanca -incluidos legisladores, responsables, dignatarios, embajadores y responsables extranjeros- se podía encontrar en internet, a través de un formulario de búsqueda.

- Solo algunas excepciones a esta regla estaban permitidas, sobre todo para las visitas estrictamente personales de la familia Obama o motivos de seguridad nacional. Este registro era una mina de informaciones para los medios de comunicación y ONG que examinan los eventuales conflictos de interés. (I)