Tras la incautación de los documentos que probarían la existencia del Servicio de Investigación Criminal SIC-10 que realizó la Fiscalía, ayer se hizo pública una página en la que constan los protocolos para los operativos especiales que se le asignaban a esa unidad, dedicada específicamente a atender presuntos  delitos  de carácter subversivo.

En el documento, con sellos del SIC-10, consta que “los asignados a estos operativos  deberán dar prioridad a las emergencias mencionadas, e inmediatamente se comunicarán con  los jefes de servicio, a fin de que procedan de acuerdo a sus obligaciones determinadas para estos casos”.

En los documentos  constarían  nombres de los oficiales y sus alias, con los que mantenían jerarquíaSegún el informe de la Comisión de la Verdad (CV), concluido en 2010, durante la investigación se  descubrieron varias bodegas que contenían más de 2.500 documentos con información reservada   correspondiente a partes policiales, descripciones de investigaciones y operativos en los que intervenían los agentes de la lucha contra la subversión desde la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), lo que antes se habría llamado SIC-10.

En el mismo informe consta que mediante el Decreto Ejecutivo Reservado número 1601 del 14 de febrero de 1986, se creó la Unidad de Investigación Especial como ente orgánico  del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha.  

Ello se corroboraría con fotos de los documentos recogidos por la CV, en donde consta el reporte de una reunión de los “Servicios de Seguridad de la Policía Nacional”, presidida por algunos oficiales representantes de varias unidades. Entre ellos se cita textualmente que el mayor de Policía Édgar Vaca representó al SIC-10.

Al mando de Vaca también se habrían realizado labores de inteligencia a grupos de Derechos Humanos considerados atentatorios contra la seguridad interna del país. En los informes que realizaban los agentes, constaban las investigaciones realizadas, los contactos que se hacían, las entrevistas con sus infiltrados y la planeación de las operaciones para desmantelar a movimientos como Alfaro Vive Carajo (A.V.C.) y a otras organizaciones y movimientos político-sociales.

Según la CV, en los documentos encontrados se señala: “en los partes que cada Unidad elabore, relacionados con A.V.C., no se hará constar que el detenido pasa a conocimiento del SIC-10, sino se coordinará para la legalización de la detención”.