Ecuador lidera mecanismos para fortalecer la rehabilitación en los menores infractores
La Constitución y el Código Orgánico Integral Penal (COIP) garantizan los derechos de niños y jóvenes a un sistema de administración de justicia especializada. Este mandato debe traducirse en políticas públicas y en un sistema con operadores de justicia para atender a este grupo humano.
Ese es el objetivo planteado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
Para cumplir con esta meta, la institución elaboró el "Nuevo Modelo de Atención Integral Restaurativo", para atender a los 600 adolescentes (entre hombres y mujeres) en el país que cumplen medidas y programas socioeducativos.
Este instrumento fue presentado en las instalaciones del Centro de Adolescentes Infractores Virgilio Guerrero en Quito, el pasado jueves. El documento fue elaborado entre el SNAI y Terre des Hommes para el fortalecimiento del sistema de ejecución de medidas en los siete centros que existen en el país.
Roberto Mosquera, representante del Centro de Adolescentes Virgilio Guerrero, mencionó que con este documento se garantiza la atención especializada y específica a la población juvenil, a través de un modelo integral restaurativo. Y aseguró que la implementación de secciones de educación y socialización ha generado una rehabilitación en firme.
Indicó que en el Centro Virgilio Guerrero hay unidades de capacitación en panadería, carpintería, artesanías que permiten a los jóvenes adquirir destrezas y habilidades.
Fernando Sánchez, subdirector de Medidas Socioeducativas Preventivas y No Privativas de Libertad del SNAI, añadió que en este modelo se concreta con la prevención.
El funcionario indicó que en Ecuador el 60% de la población juvenil penitenciaria se encuentra en los centros por delitos de connotación sexual y por consumo de tráfico de drogas.
Incluso añadió que -de acuerdo a investigaciones dentro del SNAI- se ha determinado que dos de cada cinco chicos han cometido acoso escolar y acoso informático.
Por ello dijo que con el Ministerio de Educación se está coordinando una campaña de prevención para reducir estas conductas. "Esto es gravísimo. Algo está fallando, está fallando la familia, el sistema educativo, estamos fallando como sociedad", expresó.
El subdirector añadió que la capacitación a los jueces es otra alternativa ideal para encontrar medidas justas a favor de los jóvenes.
Mencionó como ejemplo que en 2018, hubo 299 chicos que estaban con medidas no privativas, mientras que en 2019 la cifra subió a 344 y hasta septiembre de 2020 llegó a 354. "Los jueces han sido sensibilizados para dictar medidas no privativas para los chicos", explicó.
Edmundo Moncayo, director del SNAI, añadió que el organismo maneja una nueva institucionalidad para fortalecer medidas de rehabilitación eficaz. Para ello se requiere un nuevo código orgánico para la protección integral de niños y adolescentes.
Moncayo estimó que a inicios del próximo año será presentada la propuesta de norma ante la Asamblea Nacional. "Ahí están los verdaderos cambios que tenemos que hacer para el futuro", expresó.
La Judicatura también se enfoca en la atención a los menores
Otras instituciones también se han enfocado en la atención a los menores de edad privados de la justicia. Ese es el caso del Consejo de la Judicatura (CJ).
El organismo presentó el “Estudio Global de la Naciones Unidas Sobre Niñez Privada de la Libertad” con el respaldo de la Universidad Nacional de San Martin de Argentina (UNSAM) y el Campo Global de Derechos Humanos.
El documento fue creado para conocer la situación de la niñez y adolescencia privada de la libertad y tuvo como sede Ecuador.
María del Carmen Maldonado, presidenta de CJ, recordó que el Estado ecuatoriano se adhirió a importantes instrumentos internacionales de Naciones Unidas que velan por los derechos de niños y adolescentes como la Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil, Reglas Mínimas De Las Naciones Unidas Para La Administración De Justicia De Menores (Reglas De Beijing).
En este marco, en Ecuador 52 unidades judiciales especializadas (4 con competencia exclusiva; 48 en materia de niñez en general) y otras 130 dependencias que comparten otras competencias, atienden la materia de adolescentes en conflicto con la ley.
De su parte, el Director General del CJ, Pedro Crespo, señaló que las y los niños, así como los adolescentes privados de libertad son invisibles ante el mundo y por ello, este estudio es importante para formular políticas que protejan sus derechos. (I)
