Ecuador insta a que Perú revoque la concesión de refugio de 'Capaco'
El Gobierno de Ecuador solicitó a su similar de Perú que revoque la decisión de conceder refugio a Carlos P. C. 'Capaco' y a su hijo Carlos P. D. 'Capada', ambos acusados por lavado de activos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó, a través de un comunicado, que actualmente se contradicen las convenciones internacionales sobre refugiados y contra la corrupción y por ello "confía en una respuesta peruana a la altura de los ideales que inspiran lo lazos de amistad y cooperación que históricamente han unido a las dos naciones".
'Capaco' y 'Capada' están procesados por su condición de administradores de la empresa Projinvest Management, vinculada a "actividades ilícitas, así como la realización de maniobras para ocultar el origen del dinero", según expresa el documento.
Ambos tienen un auto de llamamiento a juicio, con orden de prisión preventiva, por parte de la Unidad Judicial Multicompetente Penal Samborondón.
Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador afirma que "se reserva el derecho a plantear acciones legales" y recuerda a su similar de Perú que entre los dos países existe, desde el 4 abril de 2001, un tratado de extradición que establece la entrega de personas reclamadas cuando se trate de delitos de corrupción referidos en las convenciones contra la corrupción interamericana y de las Naciones Unidas.
'Capaco' y su hijo están desde diciembre del año pasado en Perú, donde fueron detenidos en mayo ante un pedido de extradición de Quito, pero la Corte Superior de Lima ordenó su liberación.
Ambos, cuya prisión ordenó la justicia ecuatoriana, están involucrados en hechos de corrupción en la petrolera Petroecuador, la principal contratista del Estado.
La Cancillería expresó que "entiende que estas dos personas han pretendido sorprender a las autoridades peruanas, en su buena fe, aduciendo que son víctimas de persecución política, una circunstancia que ni ha sucedido ni podría suceder ya que Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia". (I)