El Estado ecuatoriano busca recuperar vía judicial un total de 3.200 piezas patrimoniales que se encuentran en  Italia, Perú, Bélgica, Alemania y Estados Unidos, informó este viernes la ministra coordinadora de Patrimonio, María Fernanda Espinosa.

Según la funcionaria, el proceso que se lleva adelante en Italia por el caso Norero, en el que se pretende recuperar 2.500 piezas, esta prácticamente resuelto a favor de Ecuador. Otras causas pendientes están en Perú, donde se busca recuperar 336 piezas, las cuales se encuentran en custodia del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de Buenos Aires (INAPLA). Otros procesos están en Alemania, Bélgica y Estados Unidos.

La ministra Espinosa recalcó que gracias a la defensa llevada a cabo por la Procuraduría del Ecuador, se ha logrado la recuperación de piezas que se encontraban en Alemania (121), Estados Unidos (14) y Dinamarca (8), entre otros. “Es emblemática la recuperación de 900 piezas patrimoniales en un año y medio”.

Informó también que el ministerio ha desarrollado la plataforma informática de alta tecnología “Ábaco”,  para realizar un exhaustivo registro de bienes patrimoniales. “En los 30 años de funcionamiento del Instituto de Patrimonio, fueron registrados 14.000 bienes, en este momento hay cerca de 120.000 registrados en el sistema, de un patrimonio que asciende a alrededor de los tres millones de bienes materiales e inmateriales”, manifestó.

La ministra Espinosa realizó estas declaraciones en el marco de la firma de un compromiso para fortalecer la tutela judicial del patrimonio natural y cultural del Ecuador, el cual tiene como objetivo, fortalecer las medidas preventivas para la adecuada tutela de los bienes patrimoniales existentes, el impulso al programa nacional de capacitación a jueces y fiscales en esta materia.

Este convenio contempla además  la creación de judicaturas y fiscalías especializadas para atender de forma descentralizada las infracciones sobre el patrimonio y exhortar a los servidores públicos y a la ciudadanía sobre  la protección de los derechos y bienes culturales.

El compromiso fue firmado por la ministra Fernanda Espinosa, Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, Paulo Rodríguez, presidente del Consejo Transitorio de la Judicatura, Tania Arias y Fernando Yávar, vocales de este mismo organismo.