Lin Shulong, dueño del restaurante Nuevo Toronto, ubicado al norte de Quito, donde ocurrió la explosión la noche del domingo que dejó como saldo preliminar dos fallecidos, 10 heridos e incuantificables daños materiales, ya se encuentra detenido.

En la audiencia de calificación de flagrancias y formulación de cargos realizada alrededor de las 22:15 del pasado lunes, la fiscal de turno, Sandra Rosillo, solicitó la prisión preventiva para el dueño del restaurante, oriundo de China, pero con nacionalidad ecuatoriana.

Los cargos que se le imputan son homicidio culposo (sancionado con cárcel de 3 a 5 años) y almacenamiento ilegal de combustible (sancionado con prisión de 1 a 3 años). En este caso las condenas que se impongan pueden ser acumulables.

Así se inició la instrucción fiscal contra el ciudadano chino como persona natural y también jurídica del restaurante Nuevo Toronto.

Entre los elementos de convicción que encontró la Fiscalía y que presentó ante el juez de flagrancias constaron el parte policial que hacía alusión a la explosión sucedida en este restaurante de la 10 de Agosto y Río Coca. Y los informes médicos de las dos personas que fallecieron: un niño de 7 años que sufrió golpes a consecuencia de la explosión y luego dejó de existir en una de las clínicas de la ciudad, y una adulta mayor de 82 años de edad.     

Según informó la fiscal Rosillo, además presentó siete denuncias de afectados; exámenes médicos que entregaron personas que presentan incapacidades para el trabajo menores de 30 días; tres denuncias de ciudadanos que fueron afectados con daños materiales, particularmente en sus vehículos que se encontraban en la parte externa del restaurante.

Asimismo, contó con el informe preliminar de la investigación del incendio estructural elaborado por el Cuerpo de Bomberos de Quito, en donde se determinó como causa probable de la explosión la fuga de gas en la centralita clandestina que se había construido en el segundo piso del restaurante.

La fiscal general del Estado subrogante y fiscal de Pichincha, Thania Moreno, anunció ayer en rueda de prensa que ante todos estos elementos el juez aceptó el pedido de la fiscalía, inició la instrucción fiscal que demorará 30 días y dispuso como medidas reales la retención de las cuentas de la persona natural (del propietario) y de la jurídica, así como la clausura del local.

“Vamos a pedir una reparación integral”, precisó Moreno, quien señaló que se establecerá en las investigaciones cómo es que se dio el permiso de funcionamiento del restaurante cerca de una estación de gasolina.

“Estos son elementos que la Fiscalía desarrollará en la instrucción fiscal de 30 días por ser un delito de flagrancia”, afirmó la funcionaria.

Central de gas clandestina
En la rueda de prensa, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, Eber Arroyo, señaló que de las indagaciones realizadas se estableció que en el segundo piso del restaurante se había instalado una central de gas clandestina, la cual no existía durante la verificación realizada por la institución en el año 2016. Dicha instalación se encontraba totalmente cubierta por una pared.

Explicó que el restaurante sí contaba con la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE), otorgada por el Municipio de Quito en 2016, año en que se constató la existencia de una centralita de gas, ubicada en la planta baja del establecimiento, que cumplía con las medidas de seguridad correspondientes.

Pero tras el accidente del domingo se determina que en la segunda planta del restaurante se adecuó una central de gas clandestina.

Estas modificaciones no fueron notificadas al Cuerpo de Bomberos, tal como lo indica la Ordenanza Metropolitana N° 470, Anexo Técnico 1, Numeral 6.2.2, en la que se menciona que: “Las instalaciones de gas combustible deben ser revisadas por parte del dueño del establecimiento, al menos una vez al año a fin de que estas no presenten peligro de fuga, incendios o explosiones. Las modificaciones realizadas en el sistema de distribución de gas combustible GLP/GNL que hayan obtenido su idoneidad, deben ser notificadas al CBDMQ”.  

Arroyo agregó que el 6 de febrero de 2017 el Cuerpo de Bomberos hizo una visita de inspección para verificar las condiciones de seguridad contraincendios en el restaurante Toronto, la misma que no se pudo realizar debido a que el local se encontraba  cerrado.

Posteriormente se llevó a cabo una inspección de rutina, en junio de 2017, en la que no se evidenciaron anomalías en el local comercial.

Y ante el anuncio de la fiscal general subrogante de que se investigará cómo se entregaron los permisos correspondientes para que un restaurante que usaba gas opere al lado de una gasolinera, Arroyo dijo desconocer quién es el responsable de esto.

Detalló que en el segundo piso del local se halló una bodega donde se almacenaban los cilindros de gas de uso doméstico (22 llenos y 22 vacíos).

El lugar mide tres metros y estaba entre una despensa de víveres y otra de licores. “Si hubiésemos hecho 100 inspecciones, en las 100 inspecciones no nos hubiéramos dado cuenta de esta bodega clandestina porque estaba en la mitad de otras dos”.

Por eso Moreno no descarta que se investigue a toda la cadena de restaurantes.

En tanto, el Municipio anunció que se sumará a las acciones que se encuentra realizando la Fiscalía, impulsando las acciones legales pertinentes y que presentará las denuncias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.   

Impulsarán las acciones civiles, administrativas y penales que correspondan. (I)

Datos  
Operativos permanentes
El Cuerpo de Bomberos de Quito anunció tras el incidente del 24 de diciembre que la institución ha realizado 78.300 inspecciones de medidas de seguridad contra incendios durante el año 2017.

Aporte de los ciudadanos
El organismo de combate al fuego capitalino dio a conocer que también se han atendido 1.015 denuncias ciudadanas para verificar las condiciones de seguridad contra incendios en comercios en 2017.

Trámite obligatorio
La inspección y aprobación de los bomberos son requisitos indispensables para la obtención o renovación de la Licencia Única para Actividades Económicas (LUAE) que entrega el Municipio de Quito.

Descargo del ARCH
La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) deslindó el lunes su responsabilidad en el siniestro. La entidad aseguró que sus funciones terminan hasta la etapa de comercialización.

Competencias claras
La ARCH apuntó, a través de un comunicado, que el control a los usuarios o consumidores finales de derivados del petróleo, así como de gas en cilindros, no se encuentra dentro de sus competencias.

Heridos en tres casas de salud
Las personas afectadas por la deflagración fueron llevadas al Hospital Pablo Arturo Suárez, el de Calderón y la clínica Axxis.

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El propietario y el seguro reconocerán los daños

La familia propietaria del restaurante Nuevo Toronto se comprometió a reparar los daños y a los afectados por el accidente ocurrido el pasado domingo, que dejó un saldo de dos fallecidos, alrededor de 10 heridos e incuantificables perjuicios materiales.

“Nos encontramos realizando los contactos necesarios con los afectados y/o sus familias en busca de soluciones conciliatorias aún sin pensar en ningún pedido legal en ese sentido, pues es y ha sido uno de nuestros valores la solidaridad y mucho más tratándose de un hecho acontecido en nuestras instalaciones”, señala la familia del ciudadano chino Lin Shulong en un comunicado público de dos páginas.

Esta versión fue confirmada ayer por Mauricio Aguirre, abogado del propietario del restaurante, quien subrayó que para ello cuentan también con los recursos del seguro privado.  

“Ayer (lunes) fue la audiencia de flagrancia, la misma que quedó abierta por 30 días y en la que demostraremos la absoluta inocencia de mi defendido. No cometió ningún hecho doloso para ocasionar este incendio; todo lo contrario, el local cuenta con todos los permisos de funcionamiento”, manifestó, al subrayar que en febrero se realizó una inspección por parte del Cuerpo de Bomberos, que otorgó el permiso de funcionamiento.

“Al encontrarse todos los documentos en regla, no se podía hablar de que mi defendido ha actuado con dolo, con mala fe”.

Mientras en el comunicado la familia rechaza las afirmaciones del Cuerpo de Bomberos sobre la existencia de una central de gas clandestina, el jurista expuso que la cocina del restaurante está ubicada en el primer piso y funciona con gas industrial.

“En el segundo piso los tanques se encontraban vacíos porque, caso contrario, si hubieran estado llenos, la explosión hubiese sido de mayor magnitud”, reflexionó.

Por ello considera que los bomberos debieron determinar que si las condiciones eran fraudulentas, como dicen, “no nos hubieran dado el permiso. Mal se puede hablar de clandestinidad… Jamás se pueden ocultar más de 40 cilindros de gas. Es incoherente lo que se está diciendo”, puntualizó.

El jurista aseguró que lo sucedido fue un accidente y no un hecho doloso, por lo que su defendido no tiene ninguna participación. “En ningún momento se dio a la fuga, se encontraba trabajando y posteriormente prestando ayuda a las personas que estaban en el restaurante”.

De igual manera, dijo que se encuentran consternados por el fallecimiento de las dos personas, pero insistió en que fue un accidente.

“El local se encuentra con seguro y todos los daños materiales van a ser cubiertos por el seguro y por mi defendido, y también los lesionados”, remarcó.

Tras señalar que se sienten “terriblemente afectados por las muertes ocasionadas en este lamentable y funesto accidente”, expresan su solidaridad a los afectados y a sus familias. (I)