De las 38.000 personas privadas de la libertad, el 29% se encuentra detenido por tenencia ilegal de drogas.

Según información del Ministerio de Justicia que obtuvo la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, 3 de cada 10 personas privadas de libertad se encuentran detenidas por delitos relacionados con drogas, es decir, alrededor de 10.924 detenidos.

Esta cifra representa el 29% del total de la población carcelaria. De este universo, el 7% se encuentra privado de libertad por delitos de drogas que no necesariamente se relacionan con trafico a mínima, mediana, alta y gran escala; y, el 38% están privadas de libertad por tráfico a mínima y mediana escala.

La mesa legislativa analiza reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia, afirma que con los cambios se  busca afinar la legislación para solucionar los problemas de hacinamiento causados por una mala política de drogas que han hecho que se supere la capacidad de los Centros de Rehabilitación Social en 4 veces más. "No es que el COIP castiga sin diferencia, pero se busca mejorar la redacción para que eso no suceda en la aplicación".

Por ello, en la Asamblea se analizan reformas en contra del narcotráfico, entre ellas, se prevé una redacción más clara del concepto de traficar para castigar a quienes delinquen con estas sustancias.

La Policía Antinarcóticos detuvo el año pasado a 112.490 personas por tenencia ilegal de drogas. De ellas, 11.810, en 2018, fueron por tráfico para consumo interno. En poder de estos ciudadanos se incautaron 14.972,73 kilogramos (kg).

Para tráfico internacional de droga se encontraron 82.175,61 kg, la mayoría fue cocaína. Solo se detuvo a 680 ciudadanos.

Según la entidad, el año pasado se decomisaron 97.148,36 kg de sustancias sujetas a fiscalización, de las cuales 77.472,46 kg corresponde a clorhidrato de cocaína, 1.918,95 kg a pasta base, 237,47 kg de heroína y 17.519,49 kg de marihuana.

De acuerdo con Ramiro Álvarez, experto en Seguridad, la cocaína es la sustancia que más se incauta, porque en muchos casos, Ecuador es solo un país de tránsito. Considera que la cocaína es la que más valor comercial tiene en los mercados internacionales.

El experto asegura que no es lo mismo -para quienes delinquen con estas drogas- traficar con marihuana que con cocaína. Por lo general, la “yerba” se queda en el consumo interno.

Álvarez explica que hay menos detenidos por tráfico internacional porque son redes que operan en el mundo, y “en los últimos tiempos buscan nuevas formas de cometer el delito”.

El experto se refiere a la contaminación de exportaciones, envíos por vía aérea o marítima, “en donde solo se incauta la mercadería y no se detiene a los responsables”.

El problema del consumo

Aguiñaga señala que la adicción no se termina, cuando las personas ingresan a centros de rehabilitación social.

A su criterio, las drogas son un problema de salud. En los cambios al COIP se juzgará a los detenidos por la escala de la sustancia de mayor reproche social.

Este criterio comparte el asambleísta Franklin Samaniego, vicepresidente de la Comisión de Justicia, quien considera que es necesario ampliar el concepto de traficar, porque ahora la sanción queda a discrecionalidad del juez.

Samaniego dice que no se busca legalizar el consumo de droga y que cualquier persona que trafique irá presa. Sin embargo, Samaniego afirma que si una persona tiene un hijo consumidor no se debería penalizar este hecho, sino atacar el problema con políticas públicas. En las reformas legales se busca diferenciar entre los traficantes y los consumidores.

Daniel Pontón, experto en seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales, estima que el problema de las drogas no es técnico, sino que es necesaria una orientación de la política, articulada a planes integrales del Estado.

Pontón apuesta por cambios culturales con políticas integrales, en las que se incluyan “verdaderos programas de salud; “si solo va al ámbito de la oferta es punitivo y allí se incrementa solo el número de detenidos”. (I)