A 41 días del incendio provocado al edificio de la Contraloría General del Estado (CGE), la sanción a los responsables está a la espera.

La mañana del sábado 12 de octubre, durante las protestas indígenas, un grupo de encapuchados forzó las puertas e ingresó a la matriz de la CGE en Quito.

Los hombres saquearon, quemaron y destruyeron todo lo que encontraban. Desde la terraza arrojaban objetos y continuaban su tarea destructiva en los parqueaderos e incendiaron el edificio.

Fueron detenidos 34 presuntos autores de los daños y puestos a órdenes de la justicia ordinaria. Al día siguiente, el 13 de octubre, en audiencia de formulación de cargos, a todos se los acusó de terrorismo.

Dos procesos penales por terrorismo fueron abiertos, el uno para 33 investigados y otro para Óscar Jhonny D. Ese mismo día, la jueza del caso de los 33 procesados, Eliana Carvajal, dispuso que por ser menores de edad, a seis de ellos se los traslade al centro de menores Virgilio Guerrero.

De los 27 restantes, a 13 los dejó en libertad bajo la condición de que se presenten dos veces por semana ante a la justicia y a los 14 restantes se les dictó prisión preventiva.

Cómo obtuvieron la libertad

A 20 días de ser detenidos, a través de un recurso de hábeas corpus y con intervención de la Defensoría Pública, el 31 de octubre, los seis adolescentes recuperaron su libertad. Sin embargo, el proceso investigativo en contra de los adolescentes continúa. Ellos se defienden en libertad.

Sobre los 14 que estaban detenidos, el viernes 15 de noviembre de 2019 la jueza Luz María Ortiz levantó la orden de prisión y salieron libres. Esto porque el fiscal del caso, Reinaldo Córdova, reformuló cargos contra los 27 investigados mayores de edad.

Al no encontrar elementos suficientes, ya no se los procesará por terrorismo, sino por sabotaje, paralización de servicio público y destrucción de registros.

La Fiscalía informó que con base en los elementos presentados se reformularon cargos también para los seis adolescentes; ellos serán procesados por paralización de servicio público.

Respecto al otro proceso y ante lo sucedido con la otra causa, Óscar Jhonny D., también gestionó la reformulación de cargos y este miércoles 20 de noviembre de 2019 en audiencia lo consiguió.

Ya no será procesado por terrorismo, sino por incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente y robo. Además la jueza dispuso la libertad, con lo que de los 34 inicialmente aprehendidos hoy en día todos recobraron su libertad.

El abogado de tres procesados, Ernesto Pazmiño, reconoce que hubo un ataque pero enfatiza que “con las evidencias presentadas, se le cayó el caso de terrorismo al fiscal”.

El jurista Juan Abad dice que al cambiar el terrorismo, los otros delitos tienen penas más bajas y llegan máximo a los 10 años de cárcel. (I)