“Derechos de los niños son lo primordial”

El hecho de que se utilicen a niños, niñas y adolescentes para cometer delitos debe ser conocido por las autoridades para que inicien una investigación que determine quienes son las personas que están atrás de esto y procesarlas penalmente. Muchas veces son redes de trata de explotación laboral de menores para efectos ilícitos, justamente, como es el caso de la venta de droga. Sabemos lo manipulable que es un niño y un adulto inescrupuloso puede hacerle creer que está vendiendo caramelos; el niño no sabe las consecuencias de lo que  hace, por lo que también se convierte en una víctima.

Y el problema se agrava si es que el menor consume y se vuelve adicto, como sucede con los llamados “gomeros”. Lo que se debe hacer es investigar a esas redes para que se tomen medidas contra las personas adultas que utilizan a ese grupo de la sociedad tan vulnerable y prioritaria, según la propia Constitución.

Para eso hay medidas administrativas de protección de los derechos a favor de los niños. Esas medidas las pueden dictar no solo los jueces sino las juntas de protección de derechos. En Quito hay dos juntas, por ejemplo,  y a nivel nacional deben ya constituirse. Sus miembros tienen la potestad de dictar medidas de protección.

En el Código de la Niñez y Adolescencia vigente constan tres niveles de organismos que son la vigilancia de derechos y políticas públicas, los de exigibilidad (jueces y juntas de protección de derechos) y de entidades públicas de atención.