La Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura (CJ) emitieron un comunicado oficial rechazando una amenaza en contra de la vida de uno de los jueces que conoce una de las causas que se sigue en contra de Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram.

La Fiscalía informó que la amenaza fue realizada por "tres individuos extranjeros", quienes exigieron al juez que "revoque medidas, la cambie o se atenga a las consecuencias".

Por ello, el Ministerio Público, advirtió que activó los protocolos del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes en el Proceso Penal (Spavt), "que permitirá salvaguardar la integridad del funcionario en cuestión, como de los demás que toman parte de los procesos relacionados".

De la misma forma procedió la Judicatura, que indicó que el organismo "defiende la independencia judicial, principio constitucional recogido en nuestro tercer eje de acción y rechaza, en todos los casos, posibles injerencias en la administración de justicia".

Entre la noche del viernes 25 y sábado 26 de septiembre, Jacobo Bucaram Pulley, tras ser localizado y detenido en Medellín (Colombia), fue expulsado de ese país.

Horas después fue trasladado a Quito, en donde un tribunal dispuso la prisión preventiva en su contra, mientras dure una investigación en un caso de delincuencia organizada y por presunta venta irregular de insumos médicos durante la pandemia.

El hijo del exmandatario, tiene varias causas pendientes en su contra. Las cuales no solo se vinculan a presuntos delitos durante la emergencia sanitaria, sino que además están directamente relacionadas con su familia y con dos extranjeros; uno de ellos asesinado en la Penitenciaría del Litoral

Las causas pendientes

Tráfico de bienes patrimoniales
En este caso también se encuentra vinculado su padre. La causa se inició en junio pasado durante un operativo, cuando se encontraron varias vasijas en el domicilio del exmandatario.

En la actualidad el expresidente se encuentra con medidas sustitutivas a la prisión preventiva: debe acudir cada viernes a la Fiscalía, usar grillete electrónico y la prohibición de salida del país.

Por este delito, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla una pena de entre 5 y 10 años.

Delincuencia organizada
Jacobo fue vinculado el pasado 26 de septiembre por pedido de la fiscal Lidia Sarabia. En esta causa también está señalado su padre y fueron vinculados tres efectivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) en Quito. Ellos son Kléver A., Samuel S. y Leandro B.

A partir de este caso se investigan otros presuntos delitos, entre ellos la emisión de falsas credenciales de la DEA que portaron los dos extranjeros cuando fueron detenidos en Santa Elena.

También enriquecimiento ilícito por el pago de $ 300.000 que realizó Jacobo Bucaram para adquirir pruebas de covid-19.

Dentro de las investigaciones, Jacobo tendrá que responder por la muerte del ciudadano israelí Shay Dahan, asesinado en agosto de este año, cuando se encontraba en la Penitenciaría del Litoral, con quien habló pocas semanas antes de su muerte, según los peritajes de una llamada grabada entre él y el hijo del expresidente.

El COIP contempla un pena de entre 7 y 10 años de prisión

Asociación ilícita
Está relacionada con sus hermanos Michel, Dalo y su cuñada Gabriela Pazmiño, donde se investiga una trama de corrupción por venta de insumos médicos en hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Michel, Dalo y Pazmiño, tienen orden de prisión preventiva, pero ellos se encuentran en Estados Unidos.

Por este delito, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) estipula prisión de entre 3 y 5 años.

Sin embargo, Claudia Romero, fiscal de la causa, decidió reformular cargos por delincuencia organizada. El juez Ronald Guerrero, de la Unidad Judicial Penal de Guayaquil, aceptó el pedido. La diligencia se desarrollará el martes 6 de octubre. Esto quiere decir que se le procesaría por una pena de entre 7 y 10 años. (I)