En tres delitos se incautarán bienes de los procesados
La figura del comiso propone la Asamblea Nacional como una acción para recuperar los bienes de actos ilícitos y de la corrupción. Esta propuesta es una de las 14 reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se encuentra en primer debate en el Legislativo.
Según Franklin Samaniego, vicepresidente de la Comisión de Justicia, con las figuras de comiso sin condena, comiso de terceros y comiso ampliado se quitará la propiedad de los bienes que sean producto de algún tipo de comportamiento irregular.
El legislador recordó que en ocasiones esos bienes no son recuperables porque constan a nombre de testaferros o porque la persona procesada evita comparecer al proceso penal para no recibir una sentencia.
Wilma Andrade, asambleísta de Izquierda Democrática, señaló que estas reformas se aplicarán a los vinculados en delitos por enriquecimiento ilícito, lavados de activos y concusión.
Pero, la legisladora solicitará que esta medida se extienda a los procesados por peculado y “otros delitos de acción pública”.
A su criterio, es importante el trámite de la Ley de Seguridad, que debe aplicarse desde los gobiernos parroquiales, municipales, “que en esa concentración absurda del correísmo les quitó la posibilidad de control”.
Comiso previo a sentencia
Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia, señaló que estas propuestas fueron parte de la Ley de Lucha contra la corrupción, que en septiembre de 2018 fueron vetadas, pero que ahora se retoman para el debate.
Detalló, por ejemplo, que el comiso anticipado se aplicará cuando una persona no se presente al juicio. Mientras que el comiso ampliado procederá cuando el perjuicio sea mayor al Estado, a pesar de que sean de origen lícito.
En estas reformas legales, según Aguiñaga, no hay cambios en el uso de los grilletes de seguridad.
Ya que a criterio de la asambleísta, los grilletes son una medida cautelar que se usa a escala internacional para asegurar la presencia de un procesado. También, la mesa legislativa analizaba la posibilidad de levantar la prohibición de revelar la identidad y nombres de los procesados en delito flagrante.
Sin embargo, según Aguiñaga, no se recogió esa propuesta para el primer debate. Aún analizarán de 60 a 80 propuestas de reformas que esperan incluir en un paquete para el segundo debate.
Prevén agregar el análisis al procedimiento de la prelibertad que ahora se aplica al 60% de la sentencia y la definición de dolo.
Elio Peña, asambleísta de Pachakutik, precisó que el problema mayor del país es la corrupción, “que viene de altos funcionarios públicos”.
La fiscal Ruth Palacios señaló este viernes 4 de enero que el personal no se da abasto para atender el número de denuncias de corrupción, en especial del gobierno anterior.
Sin embargo, Peña considera que sí bien hay quienes aseguran que se necesitan herramientas, “también hace falta el accionar de fiscales y jueces en el país”.
Para el legislador, el comiso será sin perjuicio de que el procesado demuestre su inocencia y le devuelvan los bienes. Recordó que esa iniciativa fue vetada por el Ejecutivo, pero insistirán en la propuesta como una acción de lucha contra la corrupción.
Diferencias del tráfico de drogas
En las reformas al COIP también se diferenciará el microtráfico del narcotráfico. Samaniego indicó que un consumidor y un traficante no pueden ser juzgados por igual.
Por ello, Aguiñaga explicó que se mantienen las escalas, pero que se detallarán las diferencias de cada tipo penal como umbrales.
Según la asambleísta, 10.000 personas están privadas de la libertad por consumo y microtráfico de drogas. (I)