A seis días de concluir las funciones el defensor público general, Ernesto Pazmiño, quien fue posesionado el 8 de mayo de 2012 para un período de seis años, aún no sabe a quién entregará el cargo.

Según el artículo 208 numeral 11 de la Constitución, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) tiene como una de sus atribuciones, designar a las primeras autoridades de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía y Contraloría General, luego de agotar el proceso de selección correspondiente.

Sin embargo, el proceso de selección para Defensor Público no se ha realizado y lo que es más, el Cpccs por mandato popular fue cesado en funciones y reemplazado por el Cpccs Transitorio el cual hasta el momento no ha conocido el tema.

Ante esta situación Pazmiño, quien es el gestor de la Defensoría Pública en el país al impulsar desde 2004 cuando era asambleísta, la aprobación de la Ley de Defensa Pública, el viernes pasado solicitó ser recibido por el pleno del Cpccs Transitorio en comisión general.

Mediante oficio 2018-0052-0 de fecha 27 de abril de este año, el Defensor Público señala que de la consulta popular, del 4 de febrero pasado, surgió el mandato para la creación del Consejo Transitorio con la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades, cuya designación le corresponde pudiendo anticipar la terminación de sus períodos.

Por tanto, reconociendo la autoridad del Consejo Transitorio, Pazmiño recordó que el consejo cesado no cumplió con su obligación de realizar el concurso para la designación de su reemplazo.

En vista de que no se ha iniciado el proceso de evaluación a su gestión, a la que está dispuesto a someterse, pidió al Consejo Transitorio un pronunciamiento tomando en cuenta que su período está cerca de concluir. En este contexto, también solicitó ser recibido en comisión general.  

En la sesión de la tarde de este 2 de mayo, el Cpccs Transitorio tenía previsto conocer la carta.  Lo único que se pudo conocer es que el Defensor Público será recibido este miércoles 3 de mayo.

En declaraciones anteriores, la consejera Miriam Félix aseguró que todas las autoridades de control estarán evaluadas en cuatro meses.

A su vez, con fecha 25 de abril el defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, envió una carta al Cpccs T oponiéndose a la evaluación. (I)