El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el artículo 274 del libro segundo, señala que las personas privadas de libertad, sea por sentencia condenatoria o por medida cautelar, que se evadan, serán sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Además, el artículo indica que la persona que por acción u omisión permita que un privado de libertad se evada será sancionada con una pena de uno a tres años.

Si el sujeto activo del delito es un servidor público la pena será de tres a cinco años de privación de   libertad y si la infracción es culposa de 6 meses a un año.

Al respecto, el abogado César Albán opinó que es una pena muy dura considerando que en el actual sistema penitenciario los detenidos sufren  una serie de problemas, como el hacinamiento, las amenazas y maltrato, que de alguna manera los motiva a escapar por lo que debería estudiarse una alternativa o promover una reforma en esta área para que los presos tengan mejores condiciones antes que castigarlos por querer fugarse.

Sin embargo, recalcó que en el caso del funcionario la sanción que prevé el COIP, cuando haya posibilitado la fuga, es pertinente.

El jurista mencionó como ejemplo la evasión de Carlos Junior Santana Anchundia, alias ‘Tierrita’, sentenciado a 26 años de prisión por asesinato, quien al parecer salió del nuevo centro regional de privación de  libertad  de Guayaquil, al parecer, con la complicidad de guías penitenciarios. “Cómo es posible que un detenido de alta peligrosidad haya podido escapar de la zona de máxima seguridad”, cuestionó.

En diciembre del año pasado, 56 internos del Centro de Detención Provisional de Quito escaparon; en febrero  18 reos de alta peligrosidad fugaron de la cárcel conocida como ‘La Roca’ en Guayaquil.