Los 52 ciudadanos detenidos el pasado miércoles en el denominado operativo Sinergia III, a través del cual se desarticuló a siete organizaciones delictivas que presuntamente, de forma ilícita ofrecían en 10 provincias, licencias, matrículas de vehículos, entre otros trámites para obtener documentos habilitantes de tránsito fueron sometidos el mismo día de su aprehensión a audiencias de formulación de cargos.

Como resultado de estas diligencias, de los 7 detenidos en Imbabura a 4 se les dictó la prisión preventiva y a 3 medidas cautelares; de los 9 de Tungurahua, todos fueron dictaminados con prisión preventiva; los 5 de Chimborazo tienen medidas cautelares; los 4 de Cotopaxi con prisión preventiva al igual que el 1 de Guayas; mientras que de los 26 de Pichincha 7 tienen prisión preventiva, 17 con medidas cautelares y dos fueron liberados.

Son investigaciones independientes por lo que se tramitan en sus respectivas jurisdicciones, dijo a EL TELÉGRAFO la fiscal de Pichincha Tania Moreno al señalar que el delito por el que están inicialmente procesados es asociación ilícita, por lo que posteriormente se determinará si se abren otras investigaciones por otros delitos como concusión, uso doloso de documentos, enriquecimiento ilícito y, sobre todo, se definirá el destino de los documentos que se habrían emitido de forma ilegal.

Tras subrayar que la Fiscalía inició las investigaciones en 2015 (a raíz del caso de ingreso ilegal de vehículos al país y legalización fraudulenta de documentos de estos automotores), señaló que 45 agentes fiscales participaron en la indagación y el hallazgo de evidencias en Esmeraldas, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Bolívar, Los Ríos y Guayas que vinculan a los señalados con el supuesto delito de asociación ilícita.

Como parte del operativo se realizaron 48 allanamientos simultáneos que permitieron detener a 52 personas, de ellas, 25 son funcionarios públicos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) vinculados al área de transporte, cuatro policías en servicio activo y el resto presuntos tramitadores.

Sobre los cinco detenidos en Chimborazo, dos de ellos revisores vehiculares del Municipio de Riobamba y tres tramitadores, la Dirección de Transporte y Movilidad Municipal señala que se trataría de un caso aislado.

Si bien no están en prisión luego de la audiencia de formulación de cargos realizada  a las 19:00 del miércoles, por solicitud de la Fiscalía el juez dictaminó medidas cautelares, entre ellas, “deben presentarse tres veces por semana en la Fiscalía, prohibición de enajenar bienes, prohibición de salida del país, bloqueo de las cuentas en entidades financieras y portar el grillete electrónico en su tobillo”, señaló Mauricio Yánez, fiscal del caso.

En tanto, Pablo Calle, director de la ANT, anunció que para compensar los inconvenientes causados por la falta de equipo y personal durante los allanamientos del miércoles, este sábado se atenderá a los usuarios a escala nacional, de 08:00 a 16:30. (I)