Pablo Israel C. (23 años) fue sentenciado a cuatro meses de cárcel, al reconocer el delito de incitación a la discordia. El joven fue detenido durante una jornada de manifestaciones en Cuenca.

Con ello, se alcanzó la primera sentencia de 312 personas procesadas por los disturbios en el país. Sin embargo, hasta la Fiscalía siguen llegando las denuncias por estos hechos.

Este jueves 17 de octubre, el coordinador Jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, reconoció la firma de la denuncia por daños al palacio legislativo. Hecho ocurrido el 8 de octubre de 2019.

Salazar llegó a la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) de la Fiscalía para presentar el caso en contra de 71 personas.

La Fedoti avocó conocimiento e inició indagación previa; se prevén diligencias como registro de videos de la Asamblea y del ECU-911.

El funcionario advirtió que ya se realizó la audiencia de flagrancia para las 71 personas, pero fueron liberadas sin medida cautelar. Sin embargo, no se excluyen de las investigaciones. Esta no es la única denuncia por daños a la Asamblea Nacional.

Este miércoles 16 de octubre, Fabricio Villamar presentó una queja contra el prefecto de Azuay, Yaku Pérez Guartambel, por presunta participación en las protestas.

Otro proceso en torno a los disturbios es el incendio en la Contraloría. Hubo 27 detenidos, de ellos se dictó prisión para 14 personas; a los 13 restantes, la jueza les dictó medidas sustitutivas: como presentarse dos veces a la semana ante la justicia. Además, este jueves 17 de octubre de 2019 culminó un allanamiento en la Prefectura de Pichincha.

La diligencia se cumplió luego de que la Corte Provincial de Justicia dictara prisión preventiva en contra de la prefecta Paola P., por delito de rebelión.

El viceprefecto Alexandro Tonelo informó que se inspeccionó la oficina de la funcionaria. Luego de esta diligencia se incautaron 15 ordenadores, afiches y hasta detalle de aportes a la Revolución Ciudadana. (I)