Una decisión acertada que reivindica los derechos humanos de quienes sufrieron persecución en el régimen de Rafael Correa.

Así calificaron varios activistas políticos a la decisión de negar el ascenso para Francisco Ernesto Saavedra Yépez, exagente de Inteligencia, quien trabajó bajo el mando del expresidente Rafael Correa.

La decisión se cristalizó luego de que el Consejo de Generales de la Policía y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, expidieran el Acuerdo Ministerial 0398, que resolvió ascender a 43 tenientes coroneles de la promoción 57 al inmediato grado superior.

El documento, suscrito el 24 de julio, fue notificado a los oficiales, tras un proceso de calificación. Sin embargo, según la designación, ocho oficiales no fueron promovidos, al no alcanzar la nota necesaria.

Saavedra fue quien alcanzó el puntaje más bajo de entre los ocho policías (16,7648).
Los puntajes se determinaron por las evaluaciones anuales y de la decisión de los generales en servicio activo de la Policía.

El resultado se promedió con las notas de ascenso de los grados anteriores y así se obtuvo la nota final, que pasó a consideración del Consejo de Generales, al mando del comandante Patricio Carrillo, y por la ministra Romo. De ahí que se determinó que Saavedra no cumplía con los estándares para el ascenso.

Se disfrazó de sacerdote

Detrás de este agente existe un historial de persecución a varios personajes que no estuvieron de acuerdo con la línea correísta. Uno de ellos fue el exasambleísta Fernando Balda y constó en la lista de perseguidos por ese agente.

Su nombre sonó durante el juicio en contra del expresidente Correa y Pablo Romero, exsecretario Nacional de Inteligencia (Senain). Ambos fueron señalados como autores del delito de plagio (secuestro) suscitado en Bogotá (Colombia) en 2012. 

En la Corte Nacional de Justicia (CNJ), durante el testimonio del exagente Raúl Chicaiza, autor material del plagio, se conoció que Saavedra lideró la operación "Wilson".

En abril de 2015, trató de impedir que Balda rindiera una versión telemática, ante las autoridades de la Fiscalía de Colombia que investigaban el plagio.

El agente también se lo observó en otros hechos de espionaje. En mayo de 2015, se disfrazó de sacerdote para infiltrarse en la marcha de los Trabajadores Clasistas que se llevaba a cabo en el centro de Quito. El gendarme fue disfrazado como sacerdote. Desde ahí se lo conoció como "El Cura Saavedra".  Cuando fue ubicado huyó bajo protección policial.

Por esos antecedentes, Balda definió al agente como "un personaje tenebroso y oscuro" que ha estado involucrado en atentados contra la libertad de expresión de asociación y de pensamiento.

"La decisión el Consejo de Generales fue acertada. Hay que dejar un precedente de que hay sanciones para las personas que atenten contra las libertades", opinó el exlegislador.

Allanamiento en su domicilio

El activista político, Fernando Villavicencio, quien lideró investigaciones sobre la operación de Petroecuador contra el expresidente Correa, también estuvo bajo la lupa en estos espionajes.

Por ello coincidió en señalar que el cese en la fila policial fue acertado ya que el gendarme "siempre actuó al margen de la Ley cumpliendo instrucciones de la Presidencia de la República a través de la Senain", dijo.

Villavicencio recordó que Saavedra estuvo inmerso en dos operativos ilegales en 2013. El primero, el allanamiento al despacho del legislador Cléver Jiménez y el segundo, en a su domicilio.

El político presentó la denuncia en la Fiscalía y se encuentra en indagación previa. La fiscal Diana Salazar ha llamado a declarar a los primeros investigados por el presunto delito de robo calificado (robo de información), bajo una falsa acusación de hackeo a la correspondencia del gobierno.

Dichos allanamientos fueron solicitados por Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea en aquella época.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) declaró la inocencia de los acusados y ahora Villavicencio contrademandó contra a varios líderes de Alianza PAIS.

"Esperemos que prospere hasta llegar a juicio. Independientemente de mi acción creo que todas las víctimas del gobierno de Correa podrían iniciar acciones penales", expresó Villavicencio.

Persecución después del 30-S

César Carrión, actual asambleísta por el Movimiento CREO, tampoco se escapó de la persecución. El exdirector del hospital de la Policía, fue perseguido tras los disturbios del 30 de septiembre de 2010 (30-S).

Carrión estuvo privado de libertad durante siete meses, pero fue absuelto en 2011. Van a cumplirse 10 años del suceso registrado en los exteriores del Regimiento Quito, tiempo en el cual, el legislador reunió pruebas para sustentar que sufrió persecución.

El asambleísta consideró que la sanción para Saavedra es acertada porque "se trata de un oficial muy cuestionado", dijo.

Carrión aseguró que en la época del 30-S, los agentes se dedicaron a investigar a las personas señaladas por Correa. "En lugar de que los agentes fueran utilizados para desarmar organizaciones delictivas como las FARC, se dedicaron a perseguirnos", señaló.

En declaraciones al portal Código Vidrio, el agente Saavedra aseguró que los operativos en los que participó estuvieron amparados por las leyes vigentes.

"Como Jefe de Operaciones de la Dirección de Inteligencia, las operaciones que se ejecutaron bajo mi mando estuvieron sustentadas, tanto en órdenes de la Policía como de las autoridades competentes", señaló. 

Sobre este punto, Carrión recordó que el artículo 159 de la Constitución, en su segundo inciso, señala que en la ejecución de las órdenes son tan responsables las autoridades superiores como aquellos que las cumplen.

Dentro de este caso, Saavedra puede presentar en una acción al Contencioso Administrativo. Sin embargo, Carrión señaló que el proceso fue revisado e impugnado. De ahí que la resolución fue emitida a través de Acuerdo Ministerial. (I)