La Corte Nacional de Justicia resolvió negar el pedido de caducidad del arresto domiciliario que se dictó en contra de 5 exmilitares acusados de cometer delitos de lesa humanidad en 1985 en contra de Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín.

El juez ponente Vicente Robalino, una vez que analizó el recurso, concluyó que este no procedía ya que en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) no consta que el arresto domiciliario pueda caducar cuando ha excedido el plazo de un año.

La caducidad opera únicamente cuando se hace efectiva la prisión preventiva toda vez que el artículo 160 del Código de Procedimiento Penal determina cuáles son las medidas cautelares de carácter personal y “no existe norma que equipare el arresto domiciliario con la prisión preventiva, por lo que se niega el pedido de caducidad del arresto domiciliario”, señala la providencia.

Después de la audiencia de formulación de cargos, efectuada el 1 de octubre de 2013, la jueza Lucy Blacio ordenó el inicio de la indagación fiscal en contra de 9 exoficiales del Ejército y un excomandante de Policía.

A base del dictamen del fiscal Galo Chiriboga, la jueza Blacio decidió acoger el pedido de prisión preventiva contra el exgeneral Luis P., el excoronel Fernando R. y el exgeneral de Policía Édgar V., quienes siguen prófugos. Además, dictó órdenes de arresto domiciliario con vigilancia policial permanente contra el resto de los implicados.

Por este motivo, el abogado Emiliano Donoso, defensor del sindicado Nelson E., solicitó que se declare la caducidad del arresto domiciliario, ya que, mencionó, ha transcurrido más de un año desde que se ordenó la medida, que “es la misma de la prisión preventiva de la que se distingue únicamente por el sitio en donde el procesado cumple la privación de libertad y que no puede ser indefinida”.

Al respecto, Juan PabloAlbán, abogado patrocinador de Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín, señaló que la decisión del juez está en el camino de asegurar la inmediación de los acusados en el proceso, “es muy importante que las medidas cautelares, tanto de arresto domiciliario como de prisión preventiva, sean mantenidas para asegurar que todos los implicados estén presentes durante la audiencia de juzgamiento”.

El caso al momento espera fecha para el inicio de la etapa de juzgamiento, una vez que se desecharon los recursos de nulidad al llamado a juicio presentados por Luis P., exministro de Defensa; Jorge A., exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA.; Nelson E., exjefe del Servicio de Inteligencia de Quito; Guillermo R., exdirector del SIQ; Fernando R., exmédico de la AIM; y  Édgar Vaca, excomandante de Policía.

En la resolución, el juez resolvió que el Estatuto de Roma (instrumento de la Corte Penal Internacional que permite perseguir jurídicamente los delitos de lesa humanidad), ya no sería aplicable pero se seguirán principios del Derecho Penal Internacional.

Por eso, el abogado Stalin López defensor del excoronel Guillermo R. y el exgeneral Marcelo D., presentó la solicitud de ampliación y aclaración del dictamen, ya que el Estatuto de Roma era la base de la acusación de la Fiscalía para tipificar los supuestos delitos instrumentados en tipos penales de tortura, desaparición forzada y violencia sexual. “Lo que pedimos es que eltribunal aclare qué tipo de legislación internacional o tratado debemos utilizar en la etapa de juicio”, indicó el penalista.

Cuando eltribunal resuelva el pedido, el proceso retornará a la jueza Lucy Blacio, quien a su vez enviará la causa a la sala de sorteos.