La Corte Constitucional (CC) consideró que lo actuado por el Ministerio de Economía y Finanzas, en torno a las directrices presupuestarias, específicamente hacia las universidades, está dentro de sus competencias.

Así lo resolvió el organismo a través de la Sentencia N° 34-20-IS y acumulados, a cargo de la jueza ponente Carmen Corral Ponce. El documento, con fecha 31 de agosto de 2020, resolvió que "la emisión de las directrices presupuestarias constituye una medida constitucional y legal ordinaria".

En mayo de 2020, la CC dictó medidas cautelares y ordenó al Ministerio de Economía y Finanzas abstenerse de realizar modificaciones presupuestarias que afecten el presupuesto de las instituciones de educación superior.

Según la disposición, la Cartera de Finanzas debía que suspender cualquier disposición de recorte presupuestario a las universidades y escuelas politécnicas públicas hasta que la CC adopte una decisión de fondo.

Esto, en respuesta de una demanda de acción de incumplimiento, respecto del Dictamen Nro. 1-20-EE/20 emitido el 19 de marzo sobre la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo No.1017, en relación al estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de covid-19 confirmados a causa de la declaratoria de la pandemia, por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante tal recurso, se ordenó la suspensión provisional de los efectos del Oficio Circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C, expedido por el viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo Jaramillo, el 16 de abril de 2020, y todos los subsecuentes derivados de la vigencia del referido acto administrativo, hasta que se dicte la correspondiente sentencia.

Según la disposición de la CC, el Ministerio de Finanzas es la entidad encargada de precisar los porcentajes de cada fuente de ingreso, incluida la proyección de recaudación de los impuestos a la renta y al valor agregado, de acuerdo con los preceptos del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo). (I)