En las últimas semanas, la Fiscalía General, con el apoyo de la Policía Nacional, ha emprendido investigaciones y procesos penales por presuntas irregularidades en contrataciones efectuadas durante la emergencia sanitaria. Entre los involucrados están autoridades de gobiernos locales y otras entidades.

Se han emprendido alrededor de 45 investigaciones que se dan en el marco de la emergencia por la covid-19.  El presidente Lenín Moreno ha dispuesto “cero tolerancia” ante los casos de corrupción.

En los últimos días y por el apoyo de la Fuerza de Tarea, se han efectuado allanamientos y detenciones de personas involucradas en contratos irregulares, suscritos y adjudicados durante la emergencia sanitaria.

#URGENTE | Se ejecutan órdenes de allanamiento en #Quito, #Portoviejo y #BahíaDeCaráquez, por el presunto delito de delincuencia organizada, relacionados con la estructura de corrupción en la construcción, entre otros, del Hospital Básico de #Pedernales (en desarrollo). pic.twitter.com/RDnYUXqAUD

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 5, 2020

Hasta este viernes 5 de mayo, los últimos allanamientos se han producido en Guayaquil y Samborondón (Guayas), Quito (Pichincha), Guamote (Chimborazo), Portoviejo, Pedernales y Bahía de Caraquez (Manabí).

#URGENTE | Se ejecutan órdenes de allanamiento en #Quito, #Portoviejo y #BahíaDeCaráquez, por el presunto delito de delincuencia organizada, relacionados con la estructura de corrupción en la construcción, entre otros, del Hospital Básico de #Pedernales (en desarrollo). pic.twitter.com/RDnYUXqAUD

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 5, 2020

Entre las personas detenidas en estos casos constan el asambleísta Daniel Mendoza; y el director del Servicio de Contratación de Obras (Secob), Edmundo Tamayo (ambos relacionados a irregularidades en la construcción del Hospital Básico de Pedernales). Previamente, también se detuvo y procesó al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales; funcionarios de la alcaldía de Quito; y autoridades relacionadas al manejo de algunos hospitales públicos.

En tanto, la Fiscalía General del Estado emitió, este jueves 4 de junio, un comunicado en el cual expresa su profunda preocupación por las últimas decisiones de organismos jurisdiccionales. Este pronunciamiento toma en cuenta que muchos de los acusados ostentan altos públicos y los casos podrían quedar en la impunidad.

Los delitos que están siendo objeto de investigación en estos casos corresponden a peculado, tráfico de influencias y delincuencia organizada.

El contexto de la declaración de la Fiscalía es que, apoyado por el trabajo de la Fuerza de Tarea, se logró la detención del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. El funcionario fue trasladado a la Policía Judicial y un juez se dictó medidas alternativas a la prisión preventiva en contra de Morales.

Entre estas constan la prohibición de salida del país, la presentación periódica y el uso del dispositivo de vigilancia o grillete electrónico.

Asimismo, la Fiscalía allanó el domicilio del expresidente, Abdalá Bucaram, para indagar sobre un presunto manejo irregular en la compra de insumos médicos del Hospital del Seguro Teodoro Maldonado. No obstante, en la audiencia, el exmandatario solo fue procesado por poseer un arma de fuego, sin tener el respectivo permiso.

Asimismo, están en investigaciones por presuntas irregularidades en la adquisición de kits alimenticios y de pruebas de detención del virus.

El Ministerio de Economía y Finanzas, desde marzo de 2019, presentó 12 denuncias a la Fiscalía por posibles casos de tráfico de influencias, concusión, usurpación y simulación de funciones públicas, en contra de personas que habrían extorsionado a proveedores del Estado. La Fiscalía lideró 11 allanamientos el 7 de mayo de 2020.

En las denuncias por supuestos contratos irregulares, se ha involucrado a funcionarios y servidores de instituciones como hospitales del IESS, Municipio de Quito y Prefectura del Guayas.

Junto a los representantes de los otros poderes del Estado, el presidente de la República,  Lenín Moreno analizó el tema de la recuperación de activos. Se estableció que el Procurador General recopile las iniciativas en este tema para facilitar la condena a los corruptos y la repatriación del dinero perdido en manos de los corruptos. (I)