Pese a que transcurrieron un año y ocho meses de culminar las funciones, el gobierno del expresidente Rafael Correa aún hace noticia, pero esta vez por actos de corrupción.

Al menos 24 denuncias contra el exmandatario ha receptado la Fiscalía y una veintena contra quienes formaron parte de su equipo de trabajo.

Paralelamente en las cortes y juzgados del país hay procesos judiciales en marcha, pero nueve son los más avanzados (ver infografía).

Como consecuencia de ellos, 16 exfuncionarios fugaron del país, luego de que les dictaron prisión.

Uno de los primeros en huir fue el primo del expresidente Correa, Pedro Delgado, prófugo desde diciembre de 2012, al ser procesado por enriquecimiento ilícito y falsificación de su título.

El entonces mandatario dijo en ese momento que su primo viajó a Miami para asistir a la boda de su hijo y aseguró que volvería, pero hasta ahora no ha regresado.

El excontralor del Estado, Carlos Pólit, salió del país a Miami el 26 de mayo y adujo problemas de salud.

Es procesado por el delito de concusión de recibir más de $ 6 millones de la brasileña Odebrecht. La orden de detención en su contra se dictó en junio de 2017.

El exgerente de PDVSA en Ecuador, Alexis Arellano Meléndez, salió con destino a su país Venezuela en septiembre de 2016. Es parte de las personas procesadas por el presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht.

Por el mismo caso y ser llamado a juicio, el también venezolano Freddy Salas Neuman huyó en noviembre de 2015.

El empresario ecuatoriano Ricky Dávalos Oviedo, también vinculado en esta causa de Odebrecht, habría salido de Ecuador en 2016.

Otro de los reclamados por la justicia es el exministro de Transporte y exsecretario del Agua, Walter Solís.

Se le abrió en 2013 una investigación previa por un posible caso de peculado cuando estaba al frente de la Secretaría del Agua.

Asimismo, desde el 19 de agosto de 2017 la Policía busca al exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y exministro de Industrias Ramiro González. Está llamado a juicio por tráfico de influencias.

La exfuncionaria del Ministerio de Interior, María Christiansen y su exesposo Eduardo Naranjo, se suman a la lista de prófugos.

Ellos son investigados en un caso de asociación ilícita “en el grado de concusión”.

El 3 de julio de 2018 Daniella Camacho, jueza nacional, dictó prisión preventiva al expresidente Rafael Correa, vinculado al caso del secuestro a Fernando Balda.

A esa fecha el exmandatario residía en Bélgica, desde donde anunció que no retornará al país.

Por el mismo caso, contra el exsecretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero, se dictó prisión preventiva, pero él ya residía en España.

Carlos Pareja Cordero y su hijo Carlos Pareja Dassum fueron llamados a juicio, el 18 de mayo de 2017, por presunto lavado de activos, en el caso Petroecuador.

Ellos se encontraban detenidos en Perú, luego fueron liberados y cuando la justicia ecuatoriana los quiso procesar, ya no se ubicó.

A la lista de prófugos se suma el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, acusado de peculado.

El año pasado fugó de manera espectacular al evadir los controles y retirarse el grillete electrónico.

La exasambleísta Sofía Espín, quien es procesada por una presunta oferta de tráfico de influencias a la exagente Diana F., quien es testigo protegida en el caso Balda, salió del país a fines de 2018.

Finalmente, se encuentra Carlos Ochoa, extitular de la Supercom, el jueves último se le dictó prisión preventiva.

El exfuncionario, quien en agosto del año pasado salió a Colombia y no ha retornado, es procesado por falsificación y uso de documento falso.

El correísmo no solo dejó como herencia una crisis económica, nos sumergió también en una crisis moral e institucional, dijo el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Jorge Rodríguez. (I)