El expresidente Rafael C. afronta la prisión preventiva ordenada por la jueza Daniella Camacho, además de una solicitud a la Policía Internacional (Interpol) para que lo ubiquen y lo extraditen.

El 18 de junio, Camacho ordenó al exmandatario que se presente cada 15 días, empezando por el 2 de julio, ante la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia, en Quito, como medida cautelar tras ser vinculado al caso de intento de secuestro del exlegislador Fernando Balda.

Sin embargo, el expresidente optó por presentarse ante el consulado de Ecuador en Bruselas, amparado, según sus abogados, en una normativa diplomática.

Rafael C. no ha descartado pedir asilo en Bélgica, país natal de su esposa y donde reside en la actualidad. 

Gustavo Medina, exprocurador general del Estado y abogado en libre ejercicio, advirtió que una eventual solicitud de asilo político no cambia ni elimina la detención solicitada por la Corte.

Sostuvo que en este caso la figura de asilo le resulta algo extraño de solicitar, "tratándose de una persona que tiene por cónyuge una ciudadana belga. Si la legislación de Bélgica lo dispone podría haber adquirido esa nacionalidad". 

Explicó que de llevarse a cabo este trámite, el país que le otorgue asilo solo podría presentar un argumento para evitar la extradición de la persona procesada. Pero eso no quiere decir que el proceso legal se detenga.

Medina aclaró que los plazos tardarían en medida del trámite que cumpla Interpol y habría que esperar a que las autoridades policiales actúen de inmediato para que se cumpla la disposición jurisdiccional.

Para esto, dijo, la orden de Camacho debe comunicarse mediante un oficio dirigido a Paulina Aguirre, presidenta de la CNJ, y luego dirigir el documento a la Policía Internacional con el propósito de que estas acciones puedan converger en la disposición judicial.

Luego de que este pedido llegue a la Interpol, el organismo cumple con protocolos de procedimiento que están dentro de su capacidad operativa.

José Buitrón, abogado en libre ejercicio, recordó que este procedimiento se cumplió con el extitular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), Pablo R. Q., quien fue detenido el 17 de junio por Interpol en Madrid (España) por el caso Balda. La difusión roja fuera emitida el 7 de junio. Ahora Pablo R. se presenta a diario en un juzgado.

Defensa menciona varios recursos

El abogado Christophe Marchand, defensor en Bélgica del expresidente ecuatoriano, aseguró a la agencia Efe que el proceso está "lleno de irregularidades" y no ofrece garantías. 

Sobre el pedido de difusión roja, Marchand detalló que la Interpol debe examinar para comprobar "si no hay problemas de tipo persecución política". 

Si la institución llega a la conclusión de que los hay, el proceso se puede "parar de repente", incidió, mientras que en el caso de que continúe la petición entrará en el sistema de Interpol y se traducirá en una orden de arresto en todos los países del mundo.

En el caso de Bélgica, la Fiscalía tendrá que arrestarle o imponerle unas "medidas cautelares, como prohibirle dejar el país, mientras el juez toma una decisión sobre la demanda de entrega", explicó el abogado.

A partir de ese momento habría una audiencia en la Cámara del Consejo con posibilidad de recurrir y llegar hasta el Tribunal Supremo belga.

"No estamos en el sistema de la euroorden (orden de detención europea); es un sistema antiguo, una convención de extradición del siglo XIX entre Ecuador y Bélgica", comentó Marchand, quien reconoció que el proceso "puede tardar mucho tiempo" e implicar el envío de documentos con traducciones oficiales.

Añadió que se trata de un "sistema mixto" que pasa por los jueces, aunque "al final es el Gobierno belga el que va a decidir".

Y, puntualizó, las decisiones del gabinete belga "también se pueden recurrir al Consejo de Estado, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay un montón de recursos porque la extradición, la entrega, es la excepción". (I)