Contraloría señaló manejo inadecuado de fondos en el proyecto Socio Bosque
El proyecto Socio Bosque, a cargo del Ministerio del Ambiente (MAE), entregó recursos a comunidades con el fin de que estos se inviertan en su desarrollo.
Una auditoría efectuada por la Contraloría General del Estado determinó que entre 2013 y 2018, se transfirieron $ 998.356,37 a la Nacionalidad Shiwiar en la Amazonía para la protección de 110.000 hectáreas.
La transferencia de este valor se realizó a través del proyecto Socio Bosque, a cargo del Ministerio del Ambiente, que entregó recursos a comunidades con el fin de que estos se inviertan en su desarrollo.
El Proyecto Socio Bosque, creado en 2008, es un esquema que pretende conservar una cobertura de 3,6 millones de hectáreas de bosque. Para ello, se entregan incentivos económicos a campesinos y comunidades indígenas que se comprometen voluntariamente a la conservación y protección de sus bosques nativos.
Según información difundida por la Contraloría, de este monto, se desconoce el uso y destino de $ 160.189,11, debido a que, en la rendición de cuentas de la mencionada nacionalidad, no se presentaron facturas o contratos que demuestren su inversión en beneficio de la comunidad.
Asimismo, se suscribieron convenios para la protección de otras áreas de conservación de la Amazonía con un plazo de 20 años. Pero, el proyecto solo contó con financiamiento para los primeros 5 años y no se previeron recursos para los siguientes 15.
El informe de Contraloría determinó que esta situación puso en riesgo el cuidado de 73.747,23 hectáreas, así como la biodiversidad de la región.
El informe también señala que, en 2009 el Ministerio del Ambiente suscribió un convenio para proteger 6.839,9 hectáreas de bosque en Otavalo, a cambio de un incentivo anual de $ 32.677,8. Sin embargo, la beneficiaria enfrentó un conflicto legal por tenencia de tierras, debido a que la totalidad del predio no era de su propiedad.
Si bien la Cartera del Ambiente suspendió los desembolsos, no recuperó $ 114.273,08 de pagos previos efectuados por la extensión en pugna.
Finalmente, se identificaron pagos en exceso por $ 10.302,75 al no verificarse la extensión de los predios de un beneficiario del programa.
El pago correspondió a 1.144,77 hectáreas que no estuvieron dentro de la zona de protección. (I)
