Consultar a los actores del sistema judicial para mejorar las políticas públicas en justicia
Es oportuno fortalecer la formulación de políticas en materia de justicia con la información que pueda recogerse de consultas y opiniones a sus principales artífices: servidores judiciales, abogados (as) en libre ejercicio y usuarios (as) para el mejoramiento del sistema.
Puede ser común escuchar a las y los abogados expresar sus quejas sobre el funcionamiento del sistema judicial, y seguramente la mayoría de sus reparos girará en torno al desempeño de fiscales y jueces (zas), aunque reconocerían cambios en la infraestructura e instalaciones. Sin embargo, pocos asumirán su responsabilidad autocrítica por reconocer sus deficiencias para el andamiaje judicial.
Sería oportuno que tanto el Consejo de la Judicatura como las organizaciones de la sociedad civil formulen encuestas de opinión a las y los abogados que cumplen su papel en la Función Judicial, con el fin de consultar varios aspectos que pueden contribuir a la adopción de políticas y medidas para la administración de justicia. Esa podría ser la oportunidad también de formular distintos diagnósticos que puedan ser utilizados como insumos por la Función Judicial en su modernización.
Varios aspectos podrían tratar sobre las condiciones del sistema en general y las problemáticas según cada territorio. Es probable que algunas respuestas señalen como uno de los problemas a las presiones o injerencias -de diferente tipo- que existen contra las y los jueces a la hora de realizar su trabajo y, sobre este punto, también sería pertinente consultar qué parámetros o alternativas pueden ayudar para profundizar la independencia judicial. Pero, otras preguntas pueden orientarse a proyectar las tendencias y percepciones de las y los abogados sobre las maneras en que desarrollan su asistencia laboral a sus clientes.
Los profesionales
en libre ejercicio
no son simples observadores, son actores protagónicosTambién es indispensable plantear como interrogante qué tipo de acciones pueden asumir los profesionales en libre ejercicio para generar una mayor corresponsabilidad en el estado del sistema judicial y hasta dónde este aspecto puede demostrar la falta de involucramiento de las y los operadores externos por colaborar en su mejoramiento.
Este tipo de encuestas también puede generar información sobre las condiciones en que funciona el mercado de los servicios jurídicos profesionales y cómo este también influye en el tipo de operadores internos y externos que intervienen en el sistema judicial. A lo mejor, habrá una opinión muy recurrente en manifestar que los abogados (as) no son o no se sienten parte de los problemas del ámbito judicial, cuando esa es precisamente una visión que poco aportaría para suscitar los cambios que se requieran. No se trata tampoco que con esa información el Consejo de la Judicatura intervenga en poner más regulaciones a ese mercado y ámbito eminentemente privado, más aún cuando ya existen algunas en el Código Orgánico de la Función Judicial; empero, lo que se trataría es únicamente de visibilizar aquellos aspectos del libre ejercicio que sí repercuten en lo que es el sistema judicial, porque comprende un conjunto de prácticas, actores y procedimientos interrelacionados que definen su rumbo; en pocas palabras, no depende únicamente de lo que las instancias públicas y sus servidores judiciales hacen y cómo lo hacen, sino también de los sujetos externos con quienes interactúan y las formas en que estos se relacionan con sus clientes. Los profesionales en libre ejercicio no son simples observadores, son actores protagónicos.
En esa perspectiva, también es útil consultar a quienes reciben los servicios de abogados (as) sobre algunos parámetros básicos tanto sobre el rendimiento del profesional, como de la administración de justicia. Experiencias similares se llevaron a cabo en países como Argentina y Perú, donde se consultaban temas como qué tipo de atención prestan los abogados a sus casos, si son honestos o no con sus clientes y en esa medida si dicen comúnmente la verdad sobre el desarrollo de las causas, si han tenido alguna experiencia en la que se han sentido perjudicados económicamente por su patrocinador, niveles de honestidad, entre otros.
Todas estas consultas pueden ayudar con insumos para formular e institucionalizar políticas que respondan a problemas y necesidades reales de todos los actores que hacen el sistema judicial.
