La existencia de casas de tortura y casos de sometimiento sexual contra niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidades físicas e intelectuales fueron denunciadas por la Procuraduría de Colombia en Tumaco, cerca a la frontera con Ecuador.

El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, según la agencia EFE, hizo esta revelación tras poseer denuncias y documentos sobre la existencia real de las denominadas “Casas de Pique”, en las que se tortura y desmiembra a personas en la zona ya mencionada, donde se encuentran las mayores plantaciones de hojas de coca y laboratorios para su refinamiento.

“Hay un pulso muy fuerte entre la institucionalidad y la ilegalidad”, antes de agregar que “para poder ganarle el pulso a la criminalidad hay que sincronizar las acciones. Aquí se han hecho esfuerzos pero no integrados. Es una colcha de retazos”, agregó.

En esa localidad opera Walter Arizala Vernaza, alias “Guacho”, líder del frente Oliver Simisterra, facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este grupo es acusado de los asesinatos del equipo periodístico de diario El Comercio y del secuestro de una pareja de ecuatorianos.

Además, Tumaco es el segundo puerto colombiano en el Pacífico, donde también opera una decena de grupos criminales que quieren hacerse con el control de la producción de la cocaína y de las rutas del narcotráfico.

En su exposición, Carrillo dijo que la entidad también cuenta con evidencias que prueban el “sometimiento sexual con niñas entre los 10 y 14 años, y también con personas en condición de discapacidad”, así como miembros de la comunidad LGTBI.

El informe del que dispone también evidencia que hay 22 barrios de Tumaco “afectados por dinámicas violentas derivadas de la disputa por el control de esos territorios entre grupos armados que nacieron con la desmovilización de las FARC y otros grupos criminales”. La mayoría con vínculos narcos.

La Procuraduría colombiana es el organismo encargado de velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y la ley a servidores públicos. (I)