La Función Judicial estuvo demasiado tiempo sin el apoyo necesario para emprender las tareas de reforma, no había el compromiso para implementar las políticas de transformación. No obstante, el 7 de mayo de 2011 el cambio es definitivo, desde entonces se convierte en un servicio público de los ciudadanos.

El presidente del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Gustavo Jalkh, acogió hace 11 meses un proceso en marcha, especialmente en obras de infraestructura y es en esta área que precisamente se efectuaron los ajustes en el modelo de gestión.

“La infraestructura es un medio, lo importante es el servicio que se dé dentro de ella. También había que emprender nuevas tareas de transformación destinadas fundamentalmente a la consolidación de la carrera judicial”, especificó Jalkh.

Y aunque para el funcionario los edificios son importantes, el talento humano es lo de fondo. “Hemos pasado de tener 5 jueces por cada 100 mil habitantes a 11 por cada 100 mil habitantes, y estamos en el promedio latinoamericano, con jueces que han ganado concursos con impugnación ciudadana”.

¿En qué basa la transformación de la justicia en el Ecuador?

Hemos realizado una planificación estratégica de fondo integral para la ejecución de la reforma de la justicia para los próximos 6 años con la transformación definitiva en las que están conjugados 5 ejes: Justicia transparente y eficiente; Accesibilidad de la ciudadanía; Promover la meritocracia en todas la áreas; Modernización tecnológica, y Lucha permanente contra la impunidad.

Hemos tenido avances importantes, falta mucho por hacer, somos muy exigentes en nuestro trabajo.

¿Cómo volver ágil la justicia?

A inicios del 2013 en materia penal fallaban más del 55% de las audiencias; en algunas provincias el nivel llegaba hasta el 70%, lo cual era inaceptable, a finales del año pasado cerramos con el 10% de audiencias fallidas, ahora el 90% ya se realizan. La calidad de la justicia significa certeza, que se está actuando adecuadamente apegados a derecho.

¿Ahora hay más presos, no se está abusando de la figura de la prisión preventiva?

En el Ecuador la población carcelaria sí ha crecido, porque es el efecto casi normal de cuando la justicia penal se hace efectiva, eficiente; existe una producción mayor de sentencias, sin embargo de aquello, el país está muy por debajo del promedio latinoamericano de cantidad de presos por habitante. Ahora, el 70% de reos tiene sentencia.

¿Las unidades de flagrancia han aportado en este sentido?

Esto fue una necesidad de dar respuesta a tanto delito flagrante que terminaba sin sentencia. El éxito en la implementación de las unidades de flagrancia en Quito y Guayaquil motivó que se destinen recursos para la construcción de 15 unidades, que se entregarán este año y hasta el 2016 se edificarán 44, con lo cual cubriremos el país. Flagrancias significa tener tribunal penal, jueces penales, policía judicial, defensor público, salas de audiencia debidamente equipadas, peritos y médicos legistas.

¿Pese a esto, siguen las críticas sobre la independencia de los jueces?

Los discursos de actores políticos, la Función Judicial trabaja de manera independiente, técnicamente, con recursos suficientes y apoyo del Gobierno. Los jueces son dueños de sus decisiones, si hay gente a la que no le gustan sus actuaciones, puede presentar quejas.

Las remuneraciones han mejorado como nunca, a los jueces ahora se les paga bien, en el Ecuador un juez de primer nivel gana 4 mil dólares, en países vecinos no gana ni la mitad de eso; es una forma objetiva de garantizar la independencia, pagándoles bien, además capacitándolos, designándolos a través de concursos, respetando la estabilidad de la carrera con un sistema disciplinario no sujeto a períodos o vaivenes políticos.
El primer responsable de su independencia es el juez, que con su ética y estructura moral no debe dejarse comprar.

¿Qué pasa si eso llega a suceder?

Todos los días se presentan quejas en la Judicatura a nivel nacional; en el pasado no se le daba ningún trámite, los ciudadanos tienen derecho a que haya una respuesta ágil y efectiva a sus demandas, también sucede que algunos abogados utilizan esto para presionar a los jueces, pero la mayor parte de quejas terminan siendo desechadas por falta de pruebas o porque son relativas a aspectos jurisdiccionales donde el Consejo no entra. Si a alguien no le gusta una sentencia, puede apelar a que otro juez la revise, no la traiga al CNJ porque no somos jueces, somos una entidad de gobierno administrativa, disciplinaria solo de la actuación del juez. El 40% de las quejas termina en inocencia y el 60% restante recibe algún tipo de sanción desde un llamado de atención o multa, hasta suspensión temporal o destitución.

La Contraloría General del Estado inició auditorías a la gestión del Consejo de la Judicatura de Transición. ¿Hay resultados?

Pedimos en su momento que el Contralor realice un examen a la labor del Consejo de la Judicatura de Transición; es un trabajo que se está haciendo y la institución a su tiempo dará los resultados de esa fiscalización. Además, pediremos que ese examen se haga también a nuestra gestión, hemos trabajado con coherencia en lo privado y público.

¿Las capacitaciones serán permanentes o culminarán una vez que se tenga a los funcionarios necesarios, según el plan previsto hasta el 2016?

Uno de los objetivos es el talento humano en la carrera, por eso el proyecto de la Escuela Judicial es fundamental en la transformación de la justicia. Tenemos 2 objetivos principales: formar a los nuevos jueces y capacitarlos para garantizar un ingreso meritocrático y la actualización de la Escuela, que es la única con competencia jurídica y legal para capacitar jueces, fiscales y defensores públicos, además los cursos son válidos para los ascensos. A principio de febrero incorporaremos 300 nuevos fiscales al país.

¿Cómo aporta el nuevo COIP a la visión de la nueva Justicia?

El COIP establece algunos aspectos procesales muy importantes, por ejemplo la existencia de un llamado juicio directo; actualmente todos los delitos tienen la misma vía procesal y todos pueden llegar al tribunal penal desde el robo de un celular hasta el crimen organizado.

El COIP adecuadamente diferencia una vía para ciertos delitos de gran complejidad del crimen organizado, asesinato, violación, etc., donde las sentencias y las sanciones pueden ser privativas de libertad de hasta 40 años por la acumulación de penas.

Los otros delitos menores cuya sanción mayor pudiese llegar hasta 5 años, que implican una sanción de pocos meses, los puede arreglar el juez oralmente, por eso hay que capacitar a los jueces, para lo cual están listos los programas a través de la Escuela Judicial.

La oralidad es fundamental en el nuevo Código. ¿Cómo consolidarla no solo en el área penal sino en todas las materias?

Precisamente para esto estamos planteando junto con la Corte Nacional de Justicia un nuevo Código General de Procesos, donde se incluirán las materias no penales; civil, mercantil, inquilinato, de manera que la oralidad llegue a todas las materias.

El actual Código de Procedimiento Civil tiene 89 vías procesales para tramitar los conflictos. El nuevo Código de Procedimiento tendrá 3 y bajo la vía oral, de tal manera que con certeza, rapidez, inmediación, pruebas que se tramitarán y provean delante del juez, se resuelvan los problemas; esa es una tarea muy importante que nos hemos impuesto y que la esperamos consolidar en los primeros días de enero, en que presentaremos a la Asamblea Nacional el nuevo Código General de Procesos. Es un código importante que tiene 520 artículos y su virtud principal es implementar la oralidad en la tramitación de los procesos para dejar atrás ese viejo sistema escrito lleno de trampas, además toma en cuenta que las demandas se realizarán con pruebas que se deberán anunciar, lo cual vuelve más seria la litigación, y cuando se plantee una demanda se lo hará con argumentos y conocimiento jurídico.

También se eliminará la sorpresa procesal, como la presentación de testigos de última hora, ahora habrá que saber litigar y argumentar delante del juez y del cliente lo cual hará mas difícil engañar al cliente quien acudirá con su abogado a la audiencia oral, los juicios ordinarios que antes duraban hasta 10 años, con este sistema máximo culminarán en 5 meses excepcionalmente.