En un sitio despoblado del sector El Fortín, en el noroeste de Guayaquil, está el último recuerdo que ‘Clara’ (nombre protegido) tiene de su hijo ‘Luis’, que por aquel enero de 2002 tenía 16 años de edad. El cuerpo del chico estaba en una quebrada, entre maleza crecida, junto  con el cadáver de otro joven de 28 años, ‘Elías’.

El 29 de diciembre de 2001, cerca de las 20:00, el adolescente salió de su domicilio, ubicado en la cooperativa Río Guayas, en el sector Guasmo Norte, para ir a la casa de un compañero con el que cursaba el cuarto año de secundaria y a quien le prestaría unos libros.

Esa misma noche, ‘Elías’ estaba frente a donde se encontraban reunidos los estudiantes, en los exteriores de la carnicería de su padre en la que trabajaba.

En esos momentos, los miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional patrullaban por la zona, ya que días antes se había producido un asesinato en una gasolinera cercana al lugar y la persona que murió era familiar de uno de los agentes del grupo.

La madre de ‘Luis’, según consta en el informe de la Comisión de la Verdad, relató que los hoy fallecidos fueron detenidos por miembros de aquel piquete del GIR. “Mi hijo gritaba: ‘¡No me lleven, no me lleven!’ (…). Al otro chico le habían pegado para meterlo en el carro, pero él se les metió debajo del patrullero de ellos (de los policías), para que no se lo lleven. Cuando lo sacaron le rompieron la cabeza y le hicieron cosas horribles”.

Acuerdo reparatorio

“Me duele mucho. No sabe cómo me duele recordar esto. A mi hijo lo torturaron, usaron cordones de zapatos para amarrarle sus manos con sus partes íntimas y le dieron como ocho disparos”, detalla la mujer, quien -la semana pasada- firmó un acuerdo indemnizatorio de carácter material por violación a los Derechos Humanos con el Ministerio de Justicia.  El monto a pagarse no fue revelado por seguridad. “Nada podrá compensar el dolor, pero sentimos que después de tantos años se hace justicia”.

Andrés Tinajero, viceministro de esa cartera de Estado, indicó que “nos solidarizamos con esta familia por la pérdida sufrida y destacamos que sabemos que ningún tipo de reparación material o inmaterial podrá devolver las cosas a un inicio, como fueron antes”.

El padre de crianza de ‘Luis’ contó que por versión de los habitantes del sector se enteró de que quienes interceptaron a los chicos tenían en su vestimenta el logotipo del GIR, pues el vehículo no tenía ninguna imagen, ni placas. “Solo sabíamos que era un Rodeo, color blanco. El chico que estaba en la carnicería los quiso defender y también lo golpearon y hasta le sacaron los dientes. La gente salió a evitar que se los llevaran”.

Fue el  31 de diciembre de 2001, que los familiares de ‘Luis’ y ‘Elías’ denunciaron el hecho ante la Fiscalía de Guayas como un caso de detención arbitraria y desaparición. El 1 de enero de 2002, sus cuerpos fueron encontrados en el sector El Fortín (al noroeste de Guayaquil). Los cuerpos presentaban huellas de tortura y disparos y se encontraban en estado de descomposición.

La madre de ‘Elías’ presumió que los policías detuvieron a su vástago porque “tenía un parecido con el chico que mató al guardia en la gasolinera”. Ella reveló el nombre del supuesto autor de ese crimen y que era conocido con el alias de ‘El Orejón’.

 Los policías fueron aprehendidos el 2 de enero de 2002. Las investigaciones determinaron que usaron un carro Rodeo, color blanco, de la unidad élite de la Policía para ir a la cooperativa Río Guayas, el 29 de diciembre de 2001.

Ante el Tribunal de Disciplina, los policías afirmaron que detuvieron a los muchachos, porque los encontraron robando en una buseta y que habían hallado en su poder relojes, cadenas, celulares y armas de fuego, objetos que habían sido arrojados en las inmediaciones de la vía Perimetral.

Posteriormente se realizó la búsqueda de las evidencias, las cuales nunca fueron encontradas. El asalto al bus tampoco fue comprobado.

“Los individuos huyeron corriendo  y disparamos para tratar de detenerlos, pero se perdieron en el monte y por la oscuridad optamos por irnos”, declararon los gendarmes en su defensa.

Utilizaron heces fecales

El 6 de agosto de 2002, el juez primero del Cuarto Distrito de la Policía encontró culpables del delito de homicidio agravado a dos de los agentes y de cómplices a los tres restantes.

Para el 16 de enero del año siguiente, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Policía en Quito fijó la audiencia de juzgamiento, pero no se realizó por ausencia de los abogados defensores y de los acusados, quienes se habían embadurnado en heces fecales para no ser llevados a la audiencia.

El 22 de enero de 2003 se realizó el juicio.  Todos los acusados fueron puestos en libertad, por haber cumplido, cinco días antes, un año de prisión preventiva sin sentencia.

Al día siguiente se notificó la pena que señalaba que dos policías debían cumplir la máxima condena de 16 años de reclusión mayor extraordinaria como autores del crimen; otros dos, la pena de ocho años de reclusión en calidad de cómplices y uno más fue condenado a dos años de prisión correccional, en calidad de encubridor del delito. La sentencia fue ratificada por la Corte Nacional de Policía en febrero de 2004.

La madre de ‘Luis’ enfatizó que aún teme que quienes participaron en el crimen tomen represalias y le hagan daño a su familia, pues ya se está acercando el final de la condena de los calificados como autores del crimen. (I)