Galo Chiriboga, fiscal General de la Nación, dijo que la extradición del exasambleísta Galo Lara no es una persecución política. "Es una aspiración de que se repare a las víctimas", expresó hoy en el portal de noticias Ecuadorinmediato.

Estas declaraciones se dieron luego de que el pasado jueves, se conoció que la solicitud de extradición del exasambleísta Galo Lara, sentenciado por el triple asesinato de Quinsaloma, fue estimada como "procedente" por parte del Gobierno de Panamá.

En los próximos días, Lara tendrá que exponer por qué debe mantener su estatus de asilo político, en ese país. Luego, una Corte deliberará.

En Ecuadorinmediato, Chiriboga reiteró que la Corte de Panamá será la que resuelva la apelación presentada por el exlegislador por Partido Sociedad Patriótica (PSP).

"Lo que aspiramos es que las víctimas que murieron sean reparadas", dijo y recordó que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) sentenció a Lara a 10 años de prisión en calidad de autor intelectual.

Indicó que la Sala Penal de la CNJ, tras una apelación, revocó la ratificación de inocencia del exlegislador. "La Corte consideró que el señor Lara sea condenado, no lo condenaron en calidad de autor pero si en calidad de cómplice", añadió.

Chiriboga indicó que la razón por la cual sentenciaron a Lara en calidad de cómplice fue porque se demostró que Carolina Llanos, su compañera sentimental y también autora intelectual del triple crimen, recibía dinero del exlegislador, con lo cual la mujer habría pagado a los sicarios que ejecutaron a los miembros de la familia Llanos Parco.

La sentencia en contra de Lara fue dictada en septiembre de 2013, por el Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la CNJ, y fue ratificada y declarada en firme por el Tribunal de Casación, el 18 de noviembre de 2013.

El pasado 9 de junio, Lara fue detenido por la Policía Nacional de Panamá, en una casa en la playa en Santa Catalina, en la provincia panameña de Veraguas. El pasado 19 de mayo, Panamá revocó el asilo que le había otorgado en octubre de 2013.

Al exlegislador ecuatoriano se le había notificado en aquella época la revocatoria de su condición de asilado, pero permaneció por varios días en un paradero desconocido.

Por último, el fiscal indicó que los familiares de las personas asesinadas tendrán que seguir un proceso penal aparte para aspirar a indemnizaciones.