El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, señaló este miércoles que el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz hizo lobby en Panamá para que el exasambleísta Galo Lara, acusado de cómplice en el triple crimen de Quinsaloma, obtuviera el asilo territorial.

"El señor Galo Lara es un tipo muy poderoso, muy rico, muy influyente, ha tenido un tratamiento seguramente muy especial, incluso en Panamá. Un expresidente, tenemos información que fue uno de los factores, el señor Abdalá Bucaram, que hizo el lobby con algún empresario que estuvo aquí vinculado a la industria petrolera, fueron los que hicieron los lobbys ante el gobierno del presidente (Ricardo) Martinelli para que el señor Lara tenga ese asilo territorial", sostuvo Chiriboga en una entrevista esta mañana en GamaTV. 

El  Fiscal General agregó que dicho empresario tiene importantes inversiones en el país centroamericano y "que está relacionado, incluso con funcionarios del gobierno panameño".

"Panamá ha dado también un trato absolutamente discriminatorio en términos favorables al señor Galo Lara, que está acusado de un delito gravísimo. Sin embargo, le dieron un asilo territorial de una supuesta persecución política. Yo digo: ¿a qué político se le persigue por matar a un niño de cuatro años, pagar para que se viole a una mujer, quemar su casa y botar los cadáveres a un río? Eso de político no tiene absolutamente nada", sostuvo. 

Chiriboga indicó que en este caso ya no cabe ningún recurso, por cuanto la sentencia ya se ejecutorió y confirmó la responsabilidad del exlegislador.  Sin embargo, dijo que se insistirá en la extradición, para lo que se harán todas las gestiones políticas, diplomáticas y jurídicas para que Lara "responda sobre la sentencia que recae sobre él". 

"La extradición es un instrumento internacional complejo (...), pero vamos a emplearnos a fondo en este como en otros casos que tenemos, para que Ecuador tenga bajo su soberanía la capacidad de dictar la sentencia contra estas personas que están fuera del país", agregó.  

Por otro lado, en la entrevista se conoció que los familiares de las víctimas analizan presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. "Ellos tienen derecho a una reparación integral sobre este delito y que los jueces estaban obligados a declararlo", sostuvo el Fiscal General.